Leonardo Grosso, diputado nacional por el Peronismo para la Victoria y referente del Movimiento Evita, explicó la situación de la Ley de Emergencia Social que se tratará en sesiones extraordinarias. En ese sentido, destacó el rol de las organizaciones sociales en este momento del país.
Es un buen acuerdo el que celebró el gobierno con la oposición para declarar la Emergencia Social? ¿Es una buena noticia?
En principio sí porque se incorporan los puntos más importantes de la Ley de Emergencia Social que tienen que ver con la construcción de una institucionalidad que permita reconocer la economía popular. Eso supone la creación de un Consejo, de un registro y la puesta en marcha del salario social complementario. Se profundiza la mirada para salir, si se quiere, del esquema de los planes sociales y pasar a considerar a los compañeros que están dentro de la economía popular como trabajadores.
Después podemos analizar que cuando las organizaciones sociales se juntan y salen a la calle le imponen su agenda al gobierno. El mismo gobierno que tenía previsto voltear la sesión donde se iba a tratar el proyecto de ley usando su tercio de legisladores. Sin embargo terminaron aceptando tratar el proyecto en sesiones extraordinarias. Me parece, entonces, que hay un avance logrado por las organizaciones sociales.
¿Cuántas diferencias y similitudes hay entre el acuerdo alcanzado con el gobierno y el proyecto de ley original?
Hay muy pocas diferencias y son, sobre todo, de metodología. Por ejemplo, en la cuestión alimentaria había un artículo de la ley que aumentaba un 50% de la partida alimentaria. Ese artículo se saca pero se aumenta un 40% en comedores y un 60% en merenderos, lo que promedia el 50% que se había previsto. La ley estipulaba un millón de puestos de empleo y esa parte se saca pero se asignan recursos por 30 mil millones de pesos y esto se suma a los planes con el salario social complementario, lo que nos acercaría a una cifra similar. Y donde no hubo acuerdo fue en el aumento de la Asignación Universal por Hijo porque, según el gobierno, van a hacer ese anuncio de forma unilateral.
Otro de los puntos de este proyecto era la creación del Registro Nacional de la Economía Popular y un Consejo de la Economía Popular.
Para nosotros son parte de los puntos más importantes. Venimos diciendo hace ya cinco años que los trabajadores de la economía popular son un tercio de la clase trabajadora en Argentina. Y ese tercio, a pesar de que se está organizando, no tiene los mismos derechos que los trabajadores formales. Por lo tanto hay que empezar a establecer políticas públicas e instituciones que permitan ir yendo por ese camino de restitución de derechos.
El Registro es el primer paso que hay que dar porque necesitamos saber exactamente cuántos compañeros y compañeras son parte de la economía popular. Y, al mismo tiempo, que cada uno de ellos entienda como un derecho la posibilidad de registrarse como trabajador. Para desarrollar políticas públicas y para, incluso, establecer su poder de negociación.
Por otro lado el Consejo del Salario Social Complementario también es una institución novedosa que, una vez que los trabajadores estén inscriptos en el ministerio de Trabajo y en el de Desarrollo Social, nuestra idea es que se puedan discutir paritarias para el sector año a año. Y poder establecer así el valor de lo que para mi es el salto más importante que es el Salario Social Complementario. Hay que pensar que los planes sociales que tan cuestionados son por algunos sectores consideran, a quien lo recibe, alguien que es carente de algo. Es una definición por la negativa: vos no tenés trabajo, entonces te damos un plan social. El Salario Social Complementario parte del reconocimiento del trabajo que hace quien lo recibe y busca complementarlo para construir un piso de derechos que tenga que ver con el Salario Mínimo Vital y Móvil. Por eso la idea es actualizarlo todos los años en la discusión paritaria dentro del Consejo.
¿Cuándo continúa la discusión para aprobar el proyecto de Emergencia Social?
Nos reunimos todos los bloques de la oposición y las organizaciones sociales se reunieron en el Ministerio de Trabajo y logramos que se incorporen el tema en sesiones extraordinarias. Por lo tanto, los pasos a seguir eran redactar el nuevo texto del proyecto de ley -que ya está hecho-. El martes sería la sesión informativa, el jueves 1° de diciembre podría recibir dictamen para, el martes 6 de diciembre, ir a una sesión donde la Cámara de Diputados lo trate y vuelva al Senado para aprobar las modificaciones.
