En la última sesión del período ordinario del 2019, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó una ordenanza que determina la afectación de presupuesto municipal a la urbanización de los barrios populares del distrito.
El proyecto fue impulsado por organizaciones políticas, sociales y religiosas como Cáritas, Techo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Somos Barrios de Pie y la Frente Trabajadores de la Economía Social.
El proyecto establece una inversión progresiva de un porcentaje de lo recaudado por el municipio en tasas. Este porcentaje sería del 3% en el 2020, y aumentaría 1 punto por año hasta alcanzar el 6% de lo recaudado por el fisco municipal. Según establece la norma, el municipio deberá destinar estos fondos, que podrían provenir de fondos coparticipables o programas nacionales o provinciales que que destinen recursos a través del municipio para la urbanización.
La ordenanza fue aprobada en tratamiento sobre tablas con los 14 votos de los bloque de la oposición en San Isidro (los bloques del peronismo y del vecinalismo).
El oficialismo se opuso al tratamiento sobre tablas argumentando que es inconstitucional y contrario a la Ley Orgánica de la Municipalidades que un proyecto que afecte el presupuesto municipal sea aprobado sin pasar por comisiones, y que la norma sancionada de esta manera, no tendría validez legal.
"Hoy las organizaciones sociales dieron una clase de política con mayúsculas, logrando los votos necesarios para aprobar una ordenanza que viene a saldar una deuda histórica de San Isidro. Esperemos que el oficialismo no avance con su amenaza de judicializar la política, justo en estos tiempos donde la democracia está en tensión en toda Sudamérica. Confiamos en que el intendente apele a profundizar la democracia y el diálogo para trabajar juntos por las necesidades de la gente, es lo que exige este momento tan complejo para el país" expresó la concejal y vecina de La Cava, Fernanda Miño.
