Uno de los socios de Niembro es Atilio Alberto Meza, quien se desempeñó como parte del equipo de prensa del ministerio de Justicia, conducido por Ricardo Casal.
Tras la denuncia que presentaron legisladores de la oposición porteña, donde el Ejecutivo pagó casi 21 millones de pesos a través de contrataciones directas a la empresa “La Usina Producciones SRL”, vinculada al periodista y candidato a diputado nacional de Cambiemos Fernando Niembro, el senador Sebastián Galmarini elevó un pedido de informe para que el gobierno bonaerense comunique si contrataron los servicios de la productora.
El motivo que impulsó la presentación del proyecto de Galmarini fue que el socio de Niembro en La Usina Producciones SRL es Atilio Alberto Meza, quien se desempeñó como parte del equipo de prensa del ministerio de Justicia, conducido por Ricardo Casal. “No sólo exigimos que nos informen si el Estado provincial contrató a La Usina Producciones, sino que también queremos conocer si alguno de los entes autárquicos o alguna sociedad con participación de la provincia empleó los servicios de la empresa que gerencia Meza”, sostuvo Galmarini, y agregó: “esperamos que dada la repercusión que tuvo la denuncia, el gobierno de Scioli brinde información para despejar todas las inquietudes que este caso provoca”.
En sus fundamentos, el proyecto del legislador del Frente Renovador dice que tras investigar a la firma “La Usina Producciones SRL” encontraron que además del famoso locutor y periodista de fútbol Fernando Juan Niembro, aparece como socio el Sr. Atilio Alberto Meza que ha ostentado cargos en el gabinete de provincial: primero por el decreto 2710/08 se aprueba un contrato de locación de servicios entre el Sr. Meza y el Ministerio de Justicia, y luego por el Decreto 250/15 se lo designaría con el cargo de Asesor de Gabinete del Superintendente General de Policía, Departamento de Seguridad.
“Que una persona sospechada de beneficiarse con contrataciones directas del gobierno porteño, sea Asesor de Gabinete del Superintendente General de Policía de la Provincia de Buenos Aires, nos obliga a exigir información para determinar la eficacia de los mecanismos del Estado tanto en su sistema de contratación como en la designación de su personal, pues son éstos quienes con sus acciones, llevan adelante las políticas públicas del Estado Provincial”, finalizó Galmarini
