Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires informaron esta mañana que a través de una actuación de oficio, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica inició expedientes imputando a las empresas Rapipago y Mercado Libre por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
A través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, la cartera productiva detectó irregularidades como cobros de sumas adicionales sin comunicación previa, prácticas abusivas y publicidad engañosa, informaron desde Provincia.
El comunicado oficial asegura que la empresa Rapipago cobra sumas adicionales bajo concepto tales como: “CARGO DE SERVICIO POR COBRANZAS EN EFECTIVO”, “CARGO POR SERVICIO” sin comunicar ni informar los motivos por los cuales las y los consumidores y usuarios deben abonar estos rubros. Además, realiza diferencias de precio e incrementa los porcentajes de cargos dependiendo del medio de pago que utilice, ya sea por pagos al contado o con tarjeta de débito, y la empresa proveedora del servicio que se está abonando.
Respecto a Mercado Libre, las autoridades afirman que se constató que la empresa remite en forma masiva a consumidores y usuarios correos electrónicos que provocan e inducen a confusión o a error, configurando una publicidad engañosa y una falta al deber de informar en forma cierta, clara y suficiente. "La empresa comunica la oferta y publicidad de determinados productos que se encuentran a la venta, indicando un supuesto porcentaje de descuento pero sin informar el precio de los mismos, ni el precio actual ni el anterior que toma base de descuento, como tampoco las condiciones de comercialización o financiación de los productos que exhibe" sostiene la comunicación oficial.
Ambas imputaciones por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor configurarían prácticas abusivas que afectan de manera directa a las y los consumidores y usuarios. Las empresas fueron notificadas y poseen 5 días hábiles, improrrogables, para presentar su descargo.
