En la mañana de este martes, se llevó adelante el desalojo en un predio del barrio Stone de la localidad de Belén de Escobar, ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 de Zárate – Campana debido a la ocupación de terrenos que pertenecen a una empresa constructora, de donde cerca de 60 familias se retiraron.
El operativo comenzó minutos antes de las siete de la mañana, cuando más de 200 efectivos entre personal de Gendarmería, patrulla motorizada, y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense se trasladaron al predio ubicado sobre la calle Sargento Cabral, donde varios vecinos ya retiraban sus pertenencias de las casas.
Mientras gran parte de las familias se retiraron de forma voluntaria, otras personas agredieron verbalmente a personal policial que se encontraba en el operativo, pero los cruces entre las fuerzas de seguridad y los vecinos no pasaron de allí.
Cerca del mediodía, y luego de las familias se retiraran por voluntad propia del espacio de cinco hectáreas, comenzó el derribamiento de las construcciones, muchas de las cuales fueron prendidas fuego, y se estima que estos procedimientos continúen a lo lago de la tarde del martes.
El comienzo del derribamiento de las viviendas fue el mayor momento de angustia entre los vecinos. "Tengo chicos a cargo, uno de ellos discapacitado, no se qué vamos a hacer ahora. Tengo que tirar todo, no se donde voy a ir. Necesito una respuesta. Fuimos estafados cuando compramos, no vinimos a usurpar acá, por eso pedimos ayuda, que nos escuchen", contó María, vecina del lugar, a Crónica, y relató que a ella le dieron un comprobante de venta falso a cambio de los $200 mil que abonó para la compra del terreno.
Según pudo saber QUE PASA, en el predio ocurrían diversas situaciones vinculadas a la problemática habitacional: familias que no pudieron continuar con el pago de su alquiler y decidieron instalarse en el terreno, personas víctimas de ventas irregulares por parte de individuos que tomaron parcelas en el lugar y se hicieron pasar por vendedores, aunque también hay compradores legítimos a la empresa.
En el momento del desalojo estuvo presente la fiscal Paula Gallotti, de la Fiscalía Nº3 quien afirmó en declaraciones a la prensa que "se puso a disposición de la gente que pierde este status habitacional ilegítimo, una solución a eso".
Hasta últimas horas del lunes, vecinos, autoridades provinciales y municipales mantuvieron una reunión donde se acordó que la mayoría de los ocupantes se retirarán de forma voluntaria, y en ese mismo encuentro, realizado en la sede de la Secretaría de Desarrollo Territorial de Escobar, vecinos, sus representantes legales, representantes del gobierno provincial, la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) firmaron un acta a la que pudo acceder este medio donde hubo un compromiso de evaluar cada caso concreto para acompañar a las personas desalojadas.
En el escrito, los vecinos sostuvieron tener “pleno conocimiento” de la orden de desalojo que se desarrolla este martes y desde los distintos estamentos del Estado se comprometieron “a establecer un dispositivo con el objeto de evaluar la problemática habitacional de cada una de las familias alcanzadas por la medida dispuesta y proponer formas transitorias y/o definitivas para la resolución de dicha problemática”.
Entre las propuestas hechas a los vecinos por los diferentes organismos que integraron la mesa de negociación, están la entrega de un subsidio para alquiler, el alojamiento transitorio en un hotel para situaciones de calle, módulos de ampliación o habitacionales para quienes cuenten con predios donde implantarlos, la incorporación en el registro de demanda de soluciones habitacionales, y la compensación del costo de materiales de construcción perdidos en el marco del desalojo.
El director provincial de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Santiago Fidanza, explicó en declaraciones a FM La Patriada que "se estuvo trabajando anoche y hoy con las familias de la ocupación. Es un toma muy pequeña pero más consolidada que en Guernica, y las familias han acordado retirarse voluntariamente".
También, sostuvo que, al igual que en Guernica, el ministerio que conduce Andrés Larroque montó en las inmediaciones "un puesto de atención donde se les va a entrevistar para trabajar en las soluciones de cada caso para que nadie quede desamparado".
En los terrenos, que tienen cerca de cinco hectáreas, se construye un barrio privado que pertenece a la empresa desarrolladora Nueva Maschwitz SRL, que judicializó la ocupación al momento que los predios fueron tomados, allá por septiembre del año pasado.
