El Secretario de Energía, Darío Martínez, reclamó este miércoles a la Justicia la necesidad del "levantamiento inmediato" de la clausura de la terminal regasificadora ubicada en el partido de Escobar, que desde octubre pasado se mantiene clausurada por el Juzgado Federal de Campana ante una denuncia hecha en 2011 por un "presunto peligro de muerte urbana masiva".
Martínez remitió un escrito reclamando levantar esa clausura judicial del puerto regasificador, acompañando un informe sobre el "impacto de la no operatividad por clausura de la terminal Escobar en la provisión de gas natural en el país".
En la presentación ante el Juzgado Federal de Campana a cargo del Juez Federal, Adrián González Charvay, Martínez resaltó que "a través del análisis de los volúmenes de producción e importación de gas natural, conjuntamente con las previsiones de consumo para el corriente año que surgen de los datos recabados por la Secretaría a mi cargo, resulta evidente la imperiosa necesidad de que se produzca el levantamiento de la clausura de la Terminal Escobar para Regasificación de GNL en forma inmediata, para asegurar el abastecimiento de las necesidades energéticas nacionales durante la época invernal, teniendo en cuenta que su fluido se inyecta directamente en los centros de consumo del país".
A lo largo de la presentación, el Secretario de Energía realizó un análisis técnico de lo efectos que tendría sobre el abastecimiento en invierno a la demanda de Gas Natural del País, el mantenimiento de la clausura Judicial que determine la indisponibilidad operativa de la terminal de Escobar.
"La estrategia del Estado Nacional desde la Secretaría de Energía, es apuntalar con esta presentación las acciones judiciales que viene realizando YPF, propietaria de la terminal, que opera en sociedad con IEASA, a la que se sumarán otras presentaciones, informes y peritajes, que producirán y presentaran otros organismos como Enargas, IEASA y la propia YPF", señaló el funcionario.
Además de un análisis de la estimación de la demanda, el informe explica el efecto que esta situación generaría en materia de costos inalcanzables en materia de necesidad de divisas, costo fiscal, precio inaccesible de la generación eléctrica, sobre costo general para la economía nacional y los usuarios, y daño ambiental que generaría la utilización desmesurada de combustibles líquidos en reemplazo del Gas faltante.
Finalmente como conclusión, Martínez reclama al juez "que es imprescindible el levantamiento de la clausura y plena actividad de la terminal regasificadora de la localidad de Escobar, ya que de lo contrario se produciría ineludiblemente la utilización extrema de combustibles líquidos altamente contaminantes, con correlativo y desmesurado costo adicional de divisas y pasivos ambientales, y simultáneamente se pondría en riesgo el sistema de abastecimiento nacional y el servicio público de gas por redes, generándose, un costo fiscal no previsto en el presupuesto nacional e imposible de afrontar por el Tesoro Nacional, como asimismo un costo de la energía inalcanzable para los usuarios y la actividad económica nacional".
El buque permanece inactivo desde octubre último, ya que el Juzgado Federal de Campana ordenó clausurar esa terminal portuaria por una denuncia de 2011 por supuesto “peligro de muerte urbana masiva”.
Es el único en su tipo que opera en el país luego de que el gobierno anterior cerró los contratos con el que lo hacía en el puerto de Bahía Blanca.
La tarea del buque de Escobar es considerada por la Secretaría de Energía como estratégica, porque si bien en el verano la demanda disminuye, en el invierno, cuando el consumo se quintuplica, la importación de gas licuado se vuelve una alternativa práctica, ya que inyecta el suministro a la región de mayor consumo del área metropolitana.
