La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el CELS, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales presentaron una petición a la gobernadora María Eugenia Vidal para que anule el decreto del Poder Ejecutivo bonaerense que designa a César Albarracín como fiscal de Casación adjunto.
Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre pasado como Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En este puesto tuvo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense. El cuestionamiento se fundamenta en las graves violaciones de los derechos humanos que sucedieron en las cárceles provinciales bajo su gestión. "Por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda", dijo la Comisión Provincial por la Memoria.
Según esta denuncia, las distintas políticas llevadas adelante "contravienen la manda de la Constitución provincial que reclama el respeto de los derechos humanos" y "los valores democráticos".
"La gestión de Albarracín en aquella subsecretaría se basó en la negación de la grave situación de violaciones de los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad en la provincia", dijo la CPM.
"Las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte han sido sistemáticamente negadas por la gestión del doctor Albarracín, que no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar", se afirmó.
Este modo de gestionar provocó, según la CPM, la interposición de múltiples acciones judiciales e, incluso, la necesidad de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. "Ante estos reclamos, la respuesta del doctor Albarracín, como representante de aquella Subsecretaría y del Poder Ejecutivo provincial, fue obstaculizar la labor de la Justicia en la tutela de estos derechos", se sostuvo.
Entre otros puntos, la nota presentada a Vidal señala "la reiterada negativa a dar cumplimiento a distintas órdenes judiciales, al tiempo que procedió de manera sistemática a recurrir e impugnar las decisiones de los jueces en materia de hábeas corpus colectivos por agravamiento de las condiciones de detención de las personas en ámbitos carcelarios, impidiendo que se ejecuten las medidas destinadas a hacer cesar los actos lesivos verificados por los magistrados".
Por estas razones, la CPM junto al CELS, FOJUDE Y AJUS La Plata, el Defensor de Casación Mario Coriolano, el juez de Camara de Mar del Plata Marcelo Madina, Pedro Sisti (del CEPI) y la defensora oficial de San Martín María Dolores Gómez solicitaron a la gobernadora que revisara su designación, por contrariar el tercer párrafo del artículo 175 de la Constitución de Buenos Aires.
