La Justicia de Pilar realizó dos nuevos allanamientos en el marco de una de las causas en la que se investiga a una banda que estafa a hombres que buscan pareja por redes sociales para encuentros sexuales y luego son extorsionados por falsas autoridades que los obligan a transferir dinero con el cuento de que la joven que contactaron es una menor de edad víctima de una red de trata de personas (VER NOTA ACA).
Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que los nuevos sospechosos identificados son una mujer de 42 años de Martínez, un hombre de 37 y otra mujer de 44 de Belén de Escobar, aunque ninguno de los tres quedó, por el momento, detenido.
Los procedimientos fueron realizados por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (sub DDI) de Pilar, en el marco de una causa encabezada por el fiscal de ese distrito Raúl Casal.
Según las fuentes, la víctima de esta “sextorsión” llegó a hacer transferencias de casi $550.000 a través de la plataforma Mercado Pago.
“La víctima se endeudó sacando créditos, con sus tarjetas y hasta tuvo que pedirle dinero prestado a varios amigos y conocidos, hasta que decidió hacer la denuncia”, dijo uno de los investigadores.
En este caso, el hombre se presentó en enero pasado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Pilar y allí contó que se había contactado vía Instagram con una joven que se hacía llamar “Sofía” y con la que intercambió fotografías sexuales.
Luego de ello, comenzó a recibir llamadas y mensajes por la aplicación WhatsApp en la que varias personas se presentaron como miembros de la “Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen”.
Esas personas le dijeron que “Sofía” era menor de edad que estaba cautiva en manos de una banda de trata de personas, que sabían que él estaba involucrado con la organización criminal y que si quería evitar un allanamiento y su detención, debía transferir una suma de dinero.
Con datos de titulares de cuentas, movimientos de dinero y direcciones de IP aportados por la División Seguridad Informática de Mercado Libre, empresa madre de Mercado Pago, y otras tareas inteligencia, los investigadores judiciales y policiales identificaron los dos domicilios que fueron allanados.
En la casa de Martínez, la mujer de 42 años dijo que no tenía dispositivos electrónicos, pero los efectivos de la Sub DDI Pilar encontraron teléfonos y equipos informáticos ocultos debajo del lavarropas, de las camas de sus hijos y en los baños.
Allí se secuestraron cuatro celulares, cuatro tablets, dos de ellas nuevas en caja cerrada, una notebook, una PC de escritorio y una moto marca Honda XR 250 Tornado, que se sospecha pudo haber sido comprada con el dinero de la extorsión. En el otro allanamiento, en Belén de Escobar, se secuestraron dos celulares a los otros dos sospechosos.
Otro fiscal de Pilar, Andrés Quintana, de la UFI 2, realizó tres allanamientos en las localidades bonaerenses de Boulogne, Ingeniero Budge y Hurlingham, donde fueron identificados cinco sospechosos, dos hombres y tres mujeres, en el marco de una causa donde se realizó una “sextorsión” con el mismo modus operandis.
En esa causa, la víctima es un joven de 23 años que en la Navidad pasada se contactó por el sitio de encuentro “ar.skokka.com” con una chica que se hacía llamar “Camila”.
Luego de intercambiar fotos y algunos diálogos, lo comenzaron a extorsionar vía WhatsApp delincuentes que le decían que eran detectives de la Policía Federal, que la chica con la que había hablado era una menor de edad que estaba desaparecida y que había sido captada por una red de trata. Los falsos policías también le dijeron que para evitar avisarle al juez y zafar de una detención, debía enviarle dinero por un link de Mercado Pago, y en total fueron cinco las transferencias por un monto de $110.000.
Los voceros consultados indicaron que los fiscales Casal y Quintana intercambian información para determinar si se trata de una misma organización o solo coinciden en el modus operandi.
La amenaza o chantaje digital conocido como "sextorsión" es una modalidad de ciberdelito en la que se exige la entrega de dinero a cambio de no divulgar material íntimo que fue intercambiado a través de alguna red social o aplicación de mensajería y las autoridades especializadas recomiendan no borrar ningún mensaje y hacer de inmediato la denuncia.
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