Un empleado de una empresa de seguridad de Vicente López fue detenido por esconder cámaras de vigilancia en habitaciones de niños y tener en su poder más de 530 fotos y videos con imágenes de explotación sexual infantil. Si bien el hecho se produjo a principios de marzo, la noticia se conoció en las últimas horas.
El pasado 1° de marzo, un hombre de Ezeiza denunció que un empleado tercerizado de una empresa de seguridad, de 26 años, ingresó a su casa para instalar cámaras de vigilancia y sensores de movimiento, y terminó escondiendo dos cámaras de seguridad en las habitaciones de sus hijas que apuntaban a las camas.
Esa denuncia recayó sobre el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, que dispuso dos allanamientos: uno en la casa del imputado, en el partido de La Matanza, y otro en la empresa de seguridad en la que se desempeñaba, en Vicente López.
En los operativos, donde personal de la Sección Investigaciones Especiales de la Superintendencia de Tecnología Informática de la Policía de la Ciudad logró detener al imputado, se secuestraron cinco teléfonos celulares, un DVR (circuito cerrado y conectividad exterior con la app Hikconnect), una notebook HP, un DVR en caja y cuatro cámaras sin abrir, además de información de interés para la causa.
El posterior análisis de ese material permitió detectar que el involucrado tenía en su poder centenares de archivos con imágenes de explotación sexual infantil, conversaciones con una menor de edad (grooming), capturas de pantalla de las cámaras instaladas en la casa del denunciante y de otro domicilio desconocido.
Entre ese material había archivos con más de 430 videos de niños de entre cuatro y doce años que eran obligados a tener relaciones sexuales con adultos y carpetas con más de 100 imágenes con similar contenido. Tras estos hallazgos, el magistrado ordenó dos nuevos allanamientos en dos empresas de seguridad para recabar información sobre la totalidad de los domicilios donde el imputado instaló cámaras o sensores, lo que derivó en la inspección ocular de 112 domicilios en la zona del AMBA.
El técnico se encuentra imputado por los delitos de "acceso sin la debida autorización a un sistema informático de acceso restringido", "tentativa de producción de representaciones de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas" y "contactar a una persona menor de edad, con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual". También por "tenencia de material que contiene representaciones de personas menores de 18 años dedicado a actividades agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años".
Entre 2015 y 2016, de acuerdo a sus registros, el imputado que permanece con prisión preventiva trabajó en una reconocida firma de monitoreo de seguridad con base en Castelar. Desde fines de 2019 hasta comienzos de enero de este año fue parte de otra empresa en Ciudadela.
