Con intentos de manifestantes de gremios estatales para ingresar al edificio de la Legislatura bonaerense y en un clima de enfrentamiento en el recinto que derivó en el retiro de los bloques kirchneristas, la Cámara de Diputados sancionó la Emergencia Administrativa y Tecnológica en la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de una ley considerada decisiva por el gobierno de María Eugenia Vidal para acortar los términos licitatorios de la obra pública y "mejorar la operatividad de la administración pública", incluyendo el régimen de contratación laboral. La oposición advertía que introduce una especie de "flexibilización" laboral.
El debate se desarrolló mientras una movilización de gremios de la Justicia, maestros y médicos del Cicop, con participación de organizaciones de izquierda, marchaban a la Gobernación.
Luego de que la manifestación pasara las primeras vallas de contención, el representante del bloque de FpV Peronismo, Walter Abarca, solicitó el ingreso de los manifestantes pero el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini (Frente Renovador) dispuso aprestos de seguridad para evitar el agravamiento de los disturbios en la puerta de La Legislatura.
Acto seguido se puso en votación el proyecto y con la aprobación de Cambiemos, FR, y otros bloques minoritarios se sancionó la norma. Se opusieron los tres bloques kirchneristas y el Frente de Izquierda de los Trabajadores.
La iniciativa establece "la necesidad de establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas". También plantea "revertir los plazos actuales de las licitaciones, que son inviables y que van de seis meses para la contratación de bienes y de nueve a 11 meses para la obra pública". El acortamiento es a dos meses.
