El HCD solicitó la aplicación de la Tarifa Social en los servicios para entidades locales

El Concejo Deliberante de San Isidro solicitó a los organismos de control que implementen una tarifa social para las organizaciones no gubernamentales. El proyecto es una iniciativa del FPV y fue aprobado por unanimidad.

El legislativo sanisidrense manifestó su adhesión a las gestiones que vienen llevando adelante los clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. Entre los argumentos se sostuvo que estos espacios tales como clubes de barrio, bibliotecas, centros culturales, educativos y de jubilados cumplen una vital función social, comunitaria y de integración en los barrios y que por la escasez de recursos les resulta complejo abonar las actuales tarifas de servicios.

El bloque PJ-FPV fue el impulsor del proyecto aprobado por unanimidad, para intervenir ante las empresas AySA, Edenor y Gas Natural Fenosa, para que apliquen la Tarifa Social a los Clubes de Barrio, Sociedades de Fomento, etc.

Al respecto, el presidente del bloque, Leandro Martín comentó: “Llegamos a un texto consensuado con el resto de los bloques, si bien inicialmente nuestro proyecto hacía mención a eximir la tasa de abl a las ONGs del distrito, entendemos que la forma más rápida de tomar una acción concreta era tratar de sacar una resolución donde se pueda solicitar tanto a los organismos de control como a las empresas estatales de servicios. Planteamos que los clubes sean tratados como sujetos de tarifa social para que puedan afrontar estos gastos”.

“También se tiene que trabajar desde la municipalidad la posibilidad de buscar una alternativa vía subsidios para aliviar la situación de los clubes”, agregó.

En sintonía se giró a la comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto un pedido que hará al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires para que aplique un sistema de honorarios preferenciales o la implementación de una escritura social en el trámite de constitución de una entidad de bien público que se realiza en la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense.

Según se argumentó, no todas las asociaciones civiles están en condiciones de hacer frente a los altos costos que implica este trámite y que debe tenerse en cuenta el objeto de estas entidades que persiguen el bien común, la participación de la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.