César Torres, diputado provincial por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, dialogó con QuePasa y realizó un balance de los primeros seis meses del año legislativo, la situación en la Provincia, las emergencias de infraestructura, seguridad y administrativa, y los próximos proyectos de la cámara baja.
El Diputado destacó que “el balance es altamente positivo” porque “se dio un ámbito de diálogo y de consenso, con la posibilidad de encontrarse con los otros bloques para cumplir por lo pedido por el Departamento Ejecutivo”. En este sentido, en relación a las emergencias sancionadas en este primer semestre, señaló que “su sanción fue muy importante porque son tres leyes que hacen a la vida diaria en la provincia de Buenos Aires”.
Puntualmente, sobre la ley de emergencia en seguridad, estableció que “resuelve sin dudas un problema de falta de material y tecnología de las fuerzas de seguridad con la se encontró la actual gestión cuando asumió”. Y agregó: “La Policía tenía 35 mil chalecos para 100 mil hombres. Los efectivos dejaban el chaleco antibalas en la Comisaría para que los turnos siguientes lo retiren, además de los materiales, el estado de las comisarías y otras dificultades básicas que tiene la fuerza”.
Por otra parte, también brindó números concretos en el área de infraestructura: “El gobierno de la provincia de Buenos Aires invirtió el año pasado 4.500 millones de pesos en obras, mientras que este año se invertirán 20 mil millones de pesos, para trabajar en la cuenca del Reconquista, en la del Río Luján, en la del Medrano. Y cuando digo trabajar es hacer la obra y terminarla, no empezar y dejarlas a medio hacer, que es algo con lo que también nos encontramos al asumir. También estamos trabajando en la mejora de las rutas de toda la Provincia y en el 75 por ciento de los vecinos que no tienen cloacas ni agua potable. En el siglo XXI, da impotencia y bronca que esta situación exista”.
En este sentido, Torres criticó a la gestión anterior por la “falta de responsabilidad, la burocracia y la desidia” en la conclusión de obras, sobre todo en el área de viviendas, donde “hay más de 27 mil familias sin atender de casos de obras asignadas que no fueron concluidas”.
En cuanto a la reforma de modernización, afirmó que “hay oficinas estatales en las que todavía se trabaja con diskettes y eso hace imposible el avance eficiente en cuestiones que requieren una alta velocidad de tratamiento y dificulta además la capacitación real de los trabajadores”.
“Hay que darle nuevas herramientas a los trabajadores del Estado y poner en valor ese trabajo. Hace años que los empleados no reciben una capacitación para poder trabajar eficazmente con tecnología de punta”, continuó el Diputado.
“La Provincia tiene un abandono de muchos años, pero en los últimos 6 no se hizo nada, lo que es aún peor. En este sentido, Daniel Scioli fue sin dudas el gobernador más irresponsable que tuvo la provincia de Buenos Aires. Hay reclamos históricos de los vecinos que fueron atendidos y que se encuentran enojados por la situación. Hay que entenderlos y decirles la verdad, poner plazos reales para realizar cambios en su favor y no mentirles. La gente necesita que no le mientan más”, enfatizó Torres.
Una nueva Ley de Obras
En los próximos días, se presentará una nuevo proyecto de Ley de Obra Pública que buscará darle celeridad a los procesos de licitación “para satisfacer en tiempo y forma la demanda de los vecinos”, según explicó el legislador de Cambiemos, quien agregó que el objetivo es que “los bonaerenses nunca más tengan que proclamar una ley de emergencia en la materia”.
“El proyecto tiene el consenso de la Cámara de Construcción, el Colegio de Ingenieros, el Departamento Ejecutivo, los representantes de los distintos bloques del Poder Legislativo y otras instituciones”, añadió.
En cuanto a sus puntos fundamentales dijo: “Si se respetan los tiempos, las licitaciones, los precios y los controles, vamos a tener una ley de obras públicas sana, no una que data de hace 55 años y que no se ajusta a las necesidades de los vecinos. También le otorga mayor responsabilidad de control a los Gobiernos para supervisar lo que se hace, y sancionar lo que no se hace”.
