El juez Luciano Enrici del Juzgado Contencioso Administrativo n° 2 de San Isidro resolvió, a través de una medida cautelar, obligar al municipio de Tigre y a la provincia de Buenos Aires a brindar a las y los habitantes del Barrio Garrote los servicios urbanos básicos.
"El juez entendió que el déficit urbano denunciado en la causa pone en riesgo los derechos a la vida y a la salud, y tomó esta decisión luego del pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una visita al barrio y una audiencia con todas las partes", comentó el director de Litigio del CELS, Diego Morales en diálogo con QuePasa.
El fallo obliga al municipio de Tigre y a la Provincia a realizar acciones para garantizar, en un plazo de 60 a 120 días, la recolección de residuos, la fumigación y la limpieza del barrio y de las costas del río Luján y del canal de San Fernando, la mejora del sistema de saneamiento y la provisión de agua potable, considerada en la resolución como un derecho humano que exige una tutela judicial urgente.
Morales explicó que la demanda tiene como objetivo lograr que se den a conocer los estudios técnicos que avalan la construcción del barrio privado y exigir la integración socio urbana del barrio en los términos que establece la Ley de Acceso Justo al Hábitat (14.449) de la Provincia. Además de buscar que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes, el litigio se propone la efectiva implementación de la Ley.
“Lo que advertimos es que en algunos municipios se habilita, autoriza o se deja avanzar con grandes emprendimientos inmobiliarios como Venice, pero no se da ningún tipo de respuesta en relación a barrios que están desde hace años en situación crítica de peligro habitacional, ambiental y sanitarios”, afirmó Morales.
"Mientras se discute la implementación de la Ley de Hábitat, el juez decidió que los vecinos de Garrote necesitan tener cuidados urgentes”.
El barrio Garrote es un asentamiento informal ubicado en una zona baja inundable, en el municipio de Tigre. Allí viven 800 familias, en condiciones precarias, sin acceso a cloacas, agua potable, gas y recolección de residuos, entre otros servicios básicos. Además, el terreno, sobre las costas del Río Luján y el canal San Fernando, linda con el emprendimiento inmobiliario Venice, un barrio cerrado desarrollado por la empresa TGLT, que amenaza con aumentar el riesgo de inundabilidad de la zona, y en particular de los terrenos sobre los que se asienta Garrote.
"Mientras se discute la implementación de la Ley de Hábitat, el juez decidió que los vecinos de Garrote necesitan tener cuidados urgentes”, agregó el director.
“Con esto queremos mostrar que existe una salida que puede implementarse en todos los municipios con relación a las villas y asentamientos, que ante la falta de la implementación de la Ley, también va a ser posible iniciar acciones judiciales. Esto tiene que movilizar al Poder Ejecutivo provincial y a los distintos municipios para activar esos mecanismos. Por eso es importante que esta medida cautelar se cumpla”, concluyó Morales.
