Un fiscal pidió que sean condenados a reclusión perpetua los cinco acusados de integrar "La Banda del Fal" o de "La Maza", que en 2017 ingresó a la sucursal del Banco Industrial de Tigre y sustrajo un monto de 750 mil pesos en sólo 30 segundos. La asociación estaría involucrada a su vez en un secuestro extorsivo de un adolescente en San Isidro, en un asesinato a un empresario en zona sur, y uno de los integrantes habría sido quien mantuvo cautivo al padre del reconocido actor Pablo Echarri.
En su alegato ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Quilmes, el fiscal Andrés Nieva Woodgate solicitó "la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado" para cuatro de los cinco imputados: Maximiliano "Pachu" Peñaflor (43), Juan Carlos "Pelado" Mendoza (39), Laureano Juan "Nani" Nievas Torres (42) y Ricardo Castro Madrid (44). Según informó Télam, a su vez, pidió la declaración de "reincidencia" para Peñaflor, Mendoza y Nievas.
Según las fuentes, el fiscal les imputó a "Pachu", "Pelado", "Nani", Castro Madrid y Ezequiel Dzikoski (27) los delitos de "homicidio calificado criminis causa en concurso real con robo calificado por el uso de armas de fuego en concurso ideal con robo calificado por su comisión en poblado y en banda en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra".
En tanto, el debate se reanudará mañana ante el tribunal integrado por los jueces Alicia Anache, Alejandro Portunato y Darío Hernández cuando formulen sus respectivos alegatos las defensas de los acusados.
Por el caso había un sexto sospechoso, identificado como Gustavo Olivera (42), alias "Cabezón", quien apareció ahorcado en la cárcel de General Alvear en junio de 2017.
Por su parte, "Pachu" Peñaflor había recuperado la libertad en abril de 2016 luego de cumplir varios años de condena, ya que durante la primera década del 2000 estuvo involucrado en varias causas por secuestros extorsivos resonantes. Entre esos hechos estuvieron el de Antonio Echarri, padre del actor Pablo Echarri, ocurrido en 2002 en Avellaneda, el de Cristian Ramaro, en 2004 en Tigre, y el del adolescente Nicolás Garnil, en 2005 en San Isidro.
El hecho principal que ahora se les imputa a la organización criminal presuntamente liderada por Peñaflor es el homicidio del empresario Aldo Venturini (69), cometido el 30 de enero de 2017, alrededor de las 10, en la intersección de avenida República de Francia y José Blanco, de Florencio Varela, donde la víctima iba en una camioneta Renault Master junto a dos policías que lo custodiaban.
De acuerdo a la investigación, la víctima había partido desde su distribuidora de cigarrillos, galletitas y golosinas rumbo a un banco para depositar seis millones de pesos. El vehículo fue interceptado por una camioneta Ford Ranger de la que varios delincuentes se bajaron y comenzaron a disparar con pistolas y fusiles.
En el lugar se originó un tiroteo en el que Venturini, quien viajaba en el asiento del acompañante, fue alcanzado por los balazos que le provocaron la muerte prácticamente en el acto, al tiempo que uno de los policías resultó herido en una pierna y la banda escapó con el botín.
El otro hecho atribuido a la misma organización criminal fue el asalto cometido el miércoles 10 de enero de 2017, alrededor de las 16:15 horas, a la sucursal del Banco Industrial situada en avenida Cazón 253, Tigre, donde tras romper el blindex de entrada los delincuentes robaron en 30 segundos 750.000 pesos para recargar cajeros.
La investigación contó con el aporte del Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas (LAIC) de la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio de Tigre, que permitió el seguimiento de los videos del robo.
En ese asalto, los delincuentes dispararon sus fusiles y dejaron dos vainas servidas que al ser cotejadas con las 180 cápsulas que quedaron en la escena del crimen del empresario Venturini, se estableció que los disparos habían partidos de los mismos fusiles.
Por otro lado, un Tribunal del Fuero Federal ya había condenado a Peñaflor y a Mendoza a 14 años de cárcel y a Dzikoski a 12 por cinco secuestros extorsivos y exprés con ocho víctimas, cometidos entre octubre de 2016 y marzo de 2017, por los que se cobraron más de medio millón de pesos en rescates.
