Seis personas fueran detenidas acusadas de integrar una banda que cometía estafas telefónicas en Capital Federal y que, según la investigación, estaba liderada por dos condenados por homicidio desde el penal de Magdalena e integrada por barrabravas del club Tigre.
Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la Policía de la Ciudad, tras una investigación de la División Delitos Informáticos Complejos, en allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo del juez Martín Yadarola.
Tres de los procedimientos se llevaron adelante en domicilios en la localidad bonaerense de Virreyes, partido de San Fernando, y de acuerdo a lo que indicaron fuentes a Télam, fue secuestrada una pistola 9 milímetros con numeración limada, celulares, tarjetas SIM, computadoras, anotaciones, y donde hallaron un depósito de bombos y banderas de la barra brava de Tigre.
Además, esa agencia de noticias informó que fueron aprehendidos la madre, un hermano y una hermana de uno de los jefes, y otra mujer, presuntos integrantes externos de la banda, cuyo modus operandi era una vez localizada la víctima, amenazarla con mandar fotos comprometedoras, abrirles causas judiciales y extorsionar a personas por el teléfono.
Otro de los operativos fue realizado en la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena, donde los dos presuntos cabecillas de la organización purgan condena por homicidio agravado.
La investigación de los detectives de Delitos Informáticos Complejos se abrió a fines de junio último, partir de una denuncia recibida en la Comisaría Vecinal 5A de la Ciudad de Buenos Aires, que daba cuenta de una maniobra de adulteración de WhatsApp para luego exigir dinero a los contactos del damnificado y estableciendo diferentes cuentas para las transferencias.
Los especialistas de cibercrimen rastrearon las cuentas de Mercado Pago utilizadas para la maniobra y líneas telefónicas usadas en la estafa. En los cuatro meses posteriores se hicieron entrecruzamiento de información y de llamadas, apertura de antenas, requerimientos a las empresas telefónicas, que determinaron que los cabecillas de la organización estaban alojados en el penal de Magdalena, quienes operaban las cuentas con apoyo externo de sus familiares y cómplices. Según las fuentes, la operatoria era variada pero siempre con el mismo fin: obtener dinero a través de estafas o extorsiones.
"Primero hacían una inteligencia previa para determinar la vulnerabilidad de las posibles víctimas, utilizando perfiles de redes sociales para elegir a quienes estafar. Se hacían pasar por fiscales, exigiendo dinero a cambio de no iniciar una causa, o simulando ser mujeres e intercambiar fotos comprometedoras para luego extorsionar, y obteniendo códigos de WhatsApp para pedir pago dinerario a contactos de damnificados", explicaron las fuentes.
Los dos cabecillas tenían el apoyo externo de familiares y amigos para el retiro de dinero, fruto de las extorsiones, de cajeros automáticos, por lo general de la zona norte del conurbano, fondos que luego eran llevados a los jefes de la banda en las visitas al penal.
Los miembros externos de la organización iban mutando en sus funciones, desde ser "mulas financieras", a la adquisición de tarjetas SIM, tarjetas prepagas, retiro de dinero y compra de celulares nuevos, ya que los utilizados los iban descartando para evitar que fueran rastreados. Con toda la información, el juez Yadarola dispuso los cuatro allanamientos que se realizaron con la colaboración grupos especiales y del Departamento de Alcaidía Central de la Policía de la Ciudad.
En el penal de Magdalena el allanamiento fue realizado junto al personal del SPB donde fueron requisadas las dos celdas donde están alojados los acusados de ser cabecillas de la organización, donde se hallaron cinco celulares, chips telefónicos y anotaciones. El procedimiento se extendió al taller de carpintería donde trabaja uno de los condenados, donde los oficiales decomisaron un cuaderno con anotaciones de interés para la causa, con fechas y montos de dinero obtenido con las maniobras ilegales.
El magistrado dispuso los traslados de los condenados en condición de incomunicados, al igual que el resto de los imputados, para su posterior alojamiento en la órbita de Servicio Penitenciario Federal (SPF).
