Un nuevo 3 de febrero llegó a San Martín y reunió a familiares, vecinos, organizaciones sociales y diferentes funcionarios del ámbito local a pedir justicia por Franco Almirón y Mauricio Ramos, asesinados hace once años por oficiales de la policía bonaerense, cuando un tren descarriló en las vías linderas al barrio La Cárcova, en la localidad de José León Suárez.
La convocatoria, que se realiza cada vez que se cumple el aniversario de la tragedia, se desarrolló en el marco del juicio, denominado “Cárcova 2”, que se llevará a cabo entre el 25 y 28 de octubre próximo luego de que el año pasado se halla postergado por la pandemia del coronavirus. En el hecho, conocido como La Masacre de Cárcova, también resultó herido Joaquín Romero, uno de los presentes en la tarde de este jueves.
La marcha partió del Centro de Salud “Dr. Agote”, ubicado en Carlos Echague y Joaquín González, donde se instaló una placa en homenaje a los chicos asesinados. También se hizo lo mismo en dos escuelas del barrio donde concurrían.
Junto a los familiares de Mauricio y Franco estaban el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el intendente de San Martín, Fernando Moreira; la secretaria del Municipio, Nancy Cappelloni; el diputado nacional por el Frente de Todos y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, el jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, Diego Perrella, y el subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria de la Nación, Lauro Grande, entre otros funcionarios y organizaciones de Derechos Humanos. También se hicieron presentes el propio Joaquín Romero y el Padre Pepe Di Paola. “Pueden matar el cuerpo, pero no la persona”, fue una de las frases más emocionantes que dejó el padre.
“Ya van once años que seguimos estando presentes acompañando a las familias, a los vecinos y sobre todo pidiendo justicia. La Justicia se ha demorado muchísimo, ha habido muchas marcas y contramarchas y esperamos que definitivamente este año que está previsto el juicio se condene como creemos que sería justo a los responsables de esta masacre”, declaró Moreira en diálogo exclusivo con QUE PASA.
Consultado acerca de qué manera se erradica la violencia institucional, Moreira aseguró que “hay que estar convencidos y trabajar. Desde el Municipio planteamos y llevamos adelante capacitaciones permanentes con todo el personal, pero también con el personal de Protección Ciudadana, que comenzamos el año pasado y lo vamos a continuar este año”.
“Con la policía de la provincia de Buenos Aires hacemos cursos de capacitación permanente en democracia, derechos humanos, perspectiva de género”, agregó.
En la misma línea, Grosso lamentó que “once años después no hay justicia, porque todavía no hay condena para el asesino de Franco y Mauricio”. “Es la foto de lo que es el poder judicial en la Argentina”, arremetió.
“Queremos una condena ejemplar, que no pase más. Las condenas que nosotros buscamos no van a reparar el daño que hizo la policía porque los pibes no vuelven más, por el estrés de Joaquín es para siempre, pero sí van a permitir enseñarle a la institución policial que estas cosas no se tienen que hacer”, manifestó.
Radicar la violencia institucional “es una tarea muy ardua. Hay que formar a las fuerzas de seguridad, construir consensos en la sociedad, igualar derechos entre los distintos sectores”, añadió.
“Yo siempre le escapo a esa discusión que aparece en los medios o en las redes sociales de ´fue este gobierno o fue el otro´. Mauricio y Franco fueron asesinados durante nuestro gobierno y el problema de la violencia institucional lo arrastramos de la vuelta de la democracia hasta acá y no ha sido resuelto y abordado seriamente por la política, porque es una política de largo plazo. No alcanza con medidas cortas o facilistas, ni siquiera alcanza sólo con la Justicia. Tenemos que construir fuerzas de seguridad que se ajusten a derechos y que entiendan que la vida es lo primero que hay que proteger”, cerró el diputado.
EL HECHO Y LA CAUSA:
El 3 de febrero de 2011, un tren descarriló en inmediaciones del barrio La Cárcova, en la localidad de José León Suárez, y ante el temor del saqueo de un vagón que contenía autopartes, la policía desató un operativo criminal en el que efectivos policiales asesinaron a los jóvenes Franco Almirón y Mauricio Ramos, y dejaron herido de gravedad a Joaquín Romero.
Durante el primer juicio oral, en 2014, se pudo reconstruir lo sucedido aquella tarde y el accionar policial que reprimió con balas de plomo a los jóvenes desarmados. En ese juicio, el subteniente Gustavo Vega fue condenado a siete años de prisión por la tentativa de homicidio de Joaquín Romero mientras que el oro agente imputado, Gustavo Sebastián Rey fue absuelto por duda por los homicidios de Franco y de Mauricio.
Frente al reclamo de la familia, un año después, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia recalificó la condena a Vega, de tentativa de homicidio simple a calificado, y ordenó al tribunal del juicio que ajustar la pena, que termino siendo de 15 años y 6 meses de prisión. Casación también anuló la absolución de Rey ordenando un nuevo juicio para determinar su responsabilidad.
Siete años después, esta resolución judicial aún no se ha cumplido. El juicio denominado como "Carcova 2", donde iba a determinarse la responsabilidad del policía Gustavo Rey, estaba previsto para junio de 2021, pero fue postergado por la pandemia de Covid-19 para octubre de este año. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, vienen sosteniendo que hay "una demora injustificada" del poder judicial en el tratamiento de la causa y "falta de voluntad" para investigar la responsabilidad del policía.
