Patricia Pintos es licenciada en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del Conicet, dialogó con QuePasa acerca de la Ley de protección de Humedales que ya obtuvo media sanción en el Senado.
-¿Sobre qué trata el proyecto de ley de humedales?
-Lo que se acaba de votar en el Senado es de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales, obtuvo media sanción y ahora pasaría a Diputados, ese tratamiento sería para el año próximo. Se trata de una ley de regulación básica de humedales que procura un proceso que inicia con la realización de un inventario nacional de humedales tratando de reconocer las particularidades de los diferentes humedales presentes en la geografía del país, luego una clasificación de usos y actividades en función del nivel de afectación que ya tienen o de fragilidad ambiental que los mismos presentan en términos de su protección y finalmente una política de ordenamiento territorial que está en manos de cada una de las provincias en las cuales estos humedales estén presentes.
-¿Qué aspectos positivos o negativos reconoces?
-Consideramos que es una ley necesaria porque estamos viendo desde hace mucho tiempo que ciertas actividades económicas están avanzando en estos ecosistemas sin ningún tipo de regulación. Es decir, existe libertad casi absoluta para intervenir sobre estos ecosistemas y una ley lo que vendría a hacer es clasificarlos en función de sus niveles de actividad económica y finalmente avanzar en una política de ordenamiento, consideramos que sería un avance muy importante en relación con lo que actualmente tenemos.
Asimismo, se incluyó en el artículo 5º la potestad de las provincias como autoridades competentes en la regulación de humedales, se incorpora a las provincias como un actor fundamental.
Por otro lado, hay que indicar que los humedales son objetos de avance de algunas actividades económicas como la agricultura extensiva y el agro negocio. Hay una pérdida de estos ecosistemas a expensas de estas actividades económicas que no son solamente destructivas, sino también altamente contaminante por los efectos que tiene el paquete tecnológico propio del agro negocio sobre la calidad ambiental, pero también de la calidad del agua.
También vemos que son objetos de transformación por parte de proyectos inmobiliarios que avanzan sobre planicies de inundación de ríos y arroyos modificando las características de estos ecosistemas en términos de patrones y sistema de drenaje natural, generando modificaciones muy drásticas que terminan incidiendo en eventos de inundación sobre sectores generalmente muy vulnerables.
Por otro lado, sabemos que existe una puja por la utilización de los salares de altura en las provincias del NOA, particularmente en Jujuy, donde hay un interés por la explotación de litio.
-¿Qué se le critica desde el punto de vista ambiental?
-En relación al proyecto quedaron algunas cuestiones en el camino, parte de las concesiones que se tuvo que hacer en el marco de las negociaciones para que se aprobara la ley producto de su vuelta a comisión con un margen muy corto de tiempo, porque si no se trataba el 30 perdía estado parlamentario.
La primera concesión es que se extendió el plazo de dos a tres años para la realización del inventario de humedales, y como resultado de la negociación quedó en camino la cláusula que establecía la moratoria, lo que permitía frenar cualquier tipo de transformaciones en los humedales hasta tanto se realizara la tarea del inventario y se pudiera también llevar adelante las políticas de ordenamiento territorial por parte de las provincias. Con lo cual ahora habría que esperar los tres años del inventario más el período que tiene las provincias para establecer su ordenamiento que serían otros dos años, desde el momento de la sanción de la ley habría como un período de cinco años a partir del cual se podría seguir avanzando sin limitaciones sobre estos ecosistemas tan valiosos.
La pérdida de esa cláusula que era lo que diferencia al proyecto de mayoría de Fernando Pino Solanas respecto del proyecto que había presentado en minoría Alfredo De Angeli. Al eliminar la moratoria se abre un compás de tiempo para que los desarrollos inmobiliarios y los negocios del agro, que tiene intereses declarados sobre este tipo de ecosistemas, puedan seguir avanzando sobre ellos.
La segunda concesión es la que se excluyó a los salares de altura de la aplicación de la ley, por pedido de la senadora Silvia Giacoppo de la UCR de Jujuy, con el argumento bien explícito de no afectar a las potenciales explotaciones de litio sobre las que la provincia tiene cifrados intereses.
-¿Por qué crees que el proyecto obtuvo media sanción en este contexto?
-Si bien aparece como un proyecto presentado por Pino Solanas, es un proyecto de acuerdo entre las senadoras Teresa Luna (La Rioja) y María Magdalena Odarda (Río Negro), que retoma un proyecto anterior del senador Rubén Giustiniani que había perdido estado parlamentario en diciembre del año pasado. Se trata de un proyecto largamente reclamado no solamente por organizaciones ambientalistas, sino también por movimientos sociales, pueblos originarios, académicos, investigadores de universidades públicas, por considerar que estos ecosistemas están siendo objeto de transformación masiva y drástica, con una pérdida enorme de ecosistemas que son fundamentales para el desarrollo de la vida en armonía con el ambiente.
En febrero de este año, el presidente Macri había prometido enviar un proyecto de ley para su rápido tratamiento legislativo, algo que no ocurrió. El proyecto apareció casi a último momento una vez que el proyecto de Solanas obtuvo dictamen de mayoría el 20 de septiembre pasado.
Existen muchas presiones por parte de actores económicos fundamentales con una gran capacidad de lobby en el sector político, procedentes de la esfera de los agro negocios y de las desarrolladoras del sector inmobiliario, que están muy preocupados por los efectos que podría tener la sanción de la ley en el desarrollo de sus negocios en el futuro cercano. Sin embargo la presión social y el antecede de una serie de acontecimientos muy importante en términos de eventos de inundación como los sucedidos en los últimos tres años y su relación con un muy mal manejo de los humedales, precipitaron de alguna manera el tratamiento de la ley.
El proyecto de protección de humedales no es ideal, pero es un pequeño paso sobre el cual deberemos estar muy atentos esperando que en el proceso de debate en Diputados y en la medida en que sea sancionado, se aplique de la manera más adecuada.
Si querés saber más acerca de los humedales ver aquí.
