La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires señalizaron la Comisaría 4° de Villa Martelli y la Delegación de San Isidro de la Superintendencia de Investigación de Drogas Ilícitas en Martínez como sitios de memoria del terrorismo de Estado. Estos espacios configuraron durante la década del 70 lugares donde ocurrieron detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas de personas.
El primero de los encuentros para señalizar los espacios se realizó el miércoles 14 de septiembre en la comisaría ubicada en Laprida 3735, en Vicente López. Allí estuvieron presentes Iris Pereyra de Avellaneda, actual presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y sobreviviente en esta comisaría, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, concejales y referentes de Unión por la Patria de Vicente López, organismos de derechos humanos junto funcionarios nacionales y provinciales.
En sus palabras, Pietragalla destacó la figura de Iris, que fue reconocida en 2020 con el premio Azucena Villaflor, y expresó la necesidad de continuar recogiendo los reclamos históricos de los organismos de Derechos Humanos para convertirlos en políticas públicas. "Por primera vez somos querellantes en el exterior con tres causas, dos en Italia y una en Alemania, porque queremos que los genocidas que se han refugiado en otros países puedan ser extraditados y juzgados aquí”, manifestó.
Del acto participaron también estudiantes de las escuelas secundarias 2 y 5 de Vicente López, y la Integral de Munro, encargados de realizar una performance en el cierre en homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la dictadura.
Testimonios incluidos en causas judiciales y en el Archivo Nacional de la Memoria permitieron reconstruir que, desde 1971, fueron detenidos y sometidos a torturas en este lugar militantes políticos. A partir del 24 de marzo de 1976, hubo personas que permanecieron secuestradas y fueron torturadas, entre ellas Floreal Avellaneda de 15 años, hijo de Iris.
Durante la última dictadura, esta comisaría se encontraba bajo el control operacional de la Escuela de Infantería del Comando de Institutos Militares. Algunas de las personas secuestradas fueron trasladadas a “El Campito”, uno de los centros clandestinos de detención que funcionó en Campo de Mayo. Antes de ser liberadas, las víctimas eran llevadas a distintas cárceles bonaerenses o de Capital Federal. Otras permanecen desaparecidas o fueron asesinadas.
En 2009, la Justicia federal condenó por primera vez por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta dependencia a los máximos responsables del Comando de Institutos Militares, a dos miembros del Ejército Argentino y a Alberto Ángel Aneto, oficial de la Comisaría de Villa Martelli. La sentencia también incluyó a este lugar como centro clandestino de detención.
Por otro lado, también se señalizó el sábado pasado la Delegación de San Isidro de la Superintendencia de Investigación de Drogas Ilícitas, que durante la dictadura funcionó como Centro de Operaciones Tácticas (C.O.T.) 1 de Martínez, lugar ubicado en avenida del Libertador 14237 donde permanecieron secuestrados y sometidos a torturas hombres, mujeres (entre ellas, embarazadas) y niños. Algunas de las víctimas fueron trasladadas a otros centros clandestinos de detención y unidades penales para ser posteriormente liberadas, mientras que otras continúan desaparecidas.
El Centro de Operaciones de Martínez formó parte del Circuito Camps, como se conoce a la red de 29 centros ilegales de detención que, en su mayoría, funcionaron en dependencias de la Policía provincial del conurbano bonaerense y La Plata, bajo el control operacional del Primer Cuerpo de Ejército. En el lugar estuvieron detenidos funcionarios del destituido gobierno bonaerense de Victorio Calabró y personalidades públicas como periodistas y empresarios, quienes sufrieron además la apropiación de sus bienes. En el marco del Plan Cóndor, denominación otorgada a la coordinación represiva ilegal entre las dictaduras de Latinoamérica respaldada por Estados Unidos, militantes políticos de nacionalidad uruguaya también estuvieron secuestrados en este centro clandestino.
Durante la ceremonia se dio lugar al descubrimiento del cartel de la señalización y los asistentes realizaron una recorrida por la dependencia policial.
Participaron también la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol, la senadora de la provincia de Buenos Aires María Teresa García, la nieta restituida Valeria Gutiérrez Acuña, Graciela Borelli, hermana de Raúl Borelli (uno de los militantes uruguayos desaparecidos) y Javier y Raúl Timerman, hijo y sobrino de Jacobo Timerman, quien estuvo secuestrado en este lugar.
