El Gobierno bonaerense requirió a las empresas Worldcoin Foundation y Tools for Humanity que brinden explicaciones de las actividades realizadas en varios municipios del conurbano bonaerense donde convocaron a personas de la zona a brindar sus datos biométricos personales y privados a cambio de un pago con criptomonedas.
Este hecho ocurrió en los partidos de Morón, José C. Paz, San Miguel, Avellaneda, La Matanza, Florencio Varela y Quilmes. También se replicó en las ciudades costeras de Mar del Plata y Pinamar.
Según la denuncia, a cambio de instalarse en el teléfono celular la aplicación de finanzas "World App" y recibir una cierta cantidad de criptomonedas de la firma Worldcoin, los interesados debían aceptar el escaneo del iris del ojo y del rostro, con un dispositivo tecnológico denominado Orb.
La cartera provincial advirtió que la iniciativa vulneraría, en principio, el deber de seguridad, el deber de protección de la salud e integridad de las personas, el derecho a la información y el principio de prevención de daños. Además podría afectar la libertad de contratación, ya que impone, a las personas consumidoras, productos o servicios no requeridos, sometiéndolas a prácticas abusivas y presuntamente lesivas de sus derechos. Además, estaría transgrediendo los derechos de protección de datos personales.
Según precisó un comunicado del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires "se trata de una práctica que no está permitida en los Estados Unidos y que en Europa se encuentra restringida".
"La intimación de la Provincia a Worldcoin apunta a que la empresa aclare para qué está tomando esos datos biométricos de ciudadanas y ciudadanos bonaerenses, qué se hace con esos datos y cuál es el contrato de adhesión", explicó el subsecretario provincial de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.
Sostuvo que "son empresas que están acostumbradas a hacer estas cosas en distintos lugares, salvo en los Estados Unidos y Europa, donde esas prácticas están prohibidas o restringidas: en cambio en otros países actúan con total impunidad tomando esos datos".
"A partir de enterarnos de que estas prácticas se están realizando en la Provincia, nuestro deber es averiguar para qué se están tomando esa información y qué va a hacer con estos datos personalísimos de ciudadanas y ciudadanos bonaerenses", agregó el subsecretario Aguilar.
La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios intimó a que ambas empresas adjunten el contrato de adhesión que suscriben las personas que acceden a sus servicios, así como también los términos de uso, las condiciones y los términos de consentimiento para extracción de datos biométricos. Además, deberán informar de manera clara y detallada la cantidad de bonaerenses involucrados, la finalidad de la obtención de esa información, su justificación de uso, su lugar de almacenamiento, la posibilidad de transferencia de esa información a terceros y la modalidad para solicitar la eliminación de los mismos de la base de datos.
Las empresas actúan desde hace meses en nuestro país pero no tienen domicilio físico registrado ni designaron representante alguno en territorio argentino. Igualmente, fueron notificadas electrónicamente y poseen 5 días hábiles e improrrogables, para presentar su descargo.
A través de distintos relevamientos o bien interviniendo a partir de denuncias, la Provincia busca evitar conductas que puedan resultar violatorias a las normativas de defensa de las y los consumidores y usuarios.
