Organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros colectivos se movilizaron esta mañana frente a la Quinta de Olivos y en otros puntos del país. Entregaron un petitorio en la residencia presidencial donde solicitan que se actualicen los aranceles de prestaciones y del transporte del sector.
Tras rechazar el 32% de incremento al sistema de prestaciones, ofrecido por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por considerarlo una "magra propuesta", organizaciones que adhieren al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizaron esta mañana la jornada de protesta.
"El Foro Permanente de Discapacidad, representante de escuelas especiales, centros de día, Centro Educativo Terapéutico, hogares, transportes, estimulación temprana, apoyo a inclusión educativa, rehabilitación, entre otros, están enfrentando una grave situación de emergencia en la atención a personas con discapacidad que provocó cierres de muchas instituciones históricas y lleva a tomar estas medidas de movilización junto con el colectivo de familias, usuarios, profesionales e instituciones", señaló a Télam uno de los representantes del Foro desde la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Maidana.
Cerca de las 9.30 un gran número de gente y de camionetas dedicadas al transporte de personas con discapacidad a la Quinta de Olivos para entregar al presidente de la Nación, Javier Milei, quien se encuentra de viaje en Jerusalén, un petitorio en el que se explica la situación que viven las instituciones y el transporte "que hace inviable seguir prestando el servicio durante este año, en razón de la inflación anual de 220% mientras se dieron un aumento de 120 % para los aranceles", explicaron.
"Los últimos aumentos de Andis son de un 10% en noviembre del año pasado, ahora un 20% para enero y un 10% en febrero que será cobrado para afrontar las responsabilidades económicas en el mes de abril y mayo de este año", informaron desde la entidad.
La situación se repite en todas las instituciones del país, sostuvieron, ya que "las obras sociales nacionales tienen una demora entre 60 y 90 días con lo cual, cuando recibimos los pagos estamos totalmente desactualizados y mantener el funcionamiento de las instituciones es prácticamente imposible, lo cual vulnera los derechos de las personas con discapacidad".
