El actual Subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, destacó la política de urbanización llevada adelante por la SISU, a cargo de la sanisidrense y vecina de La Cava Fernanda Miño en la gestión anterior. Afirmó que los fondos del FISU "tienen varios controles" y que no existe ninguna denuncia penal sobre su uso.
El funcionario del Ministerio de Infraestructura Sebastián Pareja sostuvo que la política llevada adelante por la entonces Secretaría de Integración Socio Urbana "si no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo".
"Al momento de hoy, hay 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80% ejecutado" dijo y agregó que desde el Banco Interamericano de Desarrollo "se la presenta internacionalmente como un ejemplo el trabajo hecho".
"No me imagino al BID acompañando una política de corrupción respecto de un tema tan sensible como urbanizar una villa de emergencia o asignar los recursos a una persona para que mejore la habitación en la cual convive con su hijo", sumó Pareja.
"Yo no estoy en defensa de Grabois, yo estoy en defensa de la verdad", añadió y remarcó que Juan Grabois "no tenía un rol específico porque nunca fue funcionario del área".
Consultado por los fondos del FISU, el funcionario afirmó que "tiene varios controles, el propio de la Secretaría, el del Comité Ejecutivo que está conformado por personas también del AABE (Administración de Bienes del Estado), y a su vez tenés un control externo, que son los colegios de arquitectos o colegios de escribanos de muchas provincias que actúan como certificadores de las obras".
"Cuando a eso se le agrega algún programa o algún dinero proveniente del BID, el BID también a su vez lleva adelante su control", sumó y cerró: "No tengo ningún resultado a la vista que me permita llevar adelante una denuncia penal".
