Pasó más de un año desde la muerte de Sofía Fernández, una mujer trans que falleció en una celda de la comisaría 5° de Presidente Derqui. Al momento, 10 efectivos de la policía bonaerense fueron detenidos en el marco de la investigación que llevan adelante los fiscales: cinco de ellos por homicidio y los otros cinco por encubrimiento. Al principio, los policías habían dicho que se trató de una muerte súbita, pero la autopsia reveló que Sofía murió asfixiada, su cuerpo tenía rastros de violencia y también de posible abuso sexual. Sus familiares piden que se esclarezca su fallecimiento y prisión efectiva para los agentes, ya que la mayoría fueron beneficiados con domiciliaria.
El 10 de abril de 2023, Sofía fue encontrada muerta en la comisaría 5° de Derqui, luego de haber sido detenida dos días antes en circunstancias que hasta el momento no fueron esclarecidas. Vivía en Villa Rosa, tenía 38 años, era docente de Literatura y se proponía estudiar también la carrera de Enfermería. Luego de 48 horas de detención, su cuerpo sin vida apareció en una celda. Por ese entonces, la muerte fue reportada por personal policial a la familia de Sofía y le aseguró que el deceso se debió a una “muerte súbita”.
Sin embargo, días después la autopsia del cuerpo develó que la muerte se produjo por “asfixia traumática por obstrucción de la vía aérea” provocada por trozos de colchón y de ropa interior de la víctima, y el informe médico pericial sumó que "la muerte se debió al accionar de tres o más personas, al unísono mediante la reducción de la víctima por golpes con objetos duros y romos en torso y dorso, con una contusión de alta energía cinética en el rostro que ocasionó trauma nasal y mandibular que aseguró su inconsciencia".
"No cabe duda además que fue violenta y fuertemente sujetada por sus cuatro miembros dada la presencia de huellas de prehensión algunas con improntas ungueales. No se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal dado los hallazgos cito genéticos", indicó el informe.
A partir de ese momento, la lucha de la familia por esclarecer lo ocurrido fue cada vez mayor. Realizó movilizaciones, la última de ellas el pasado 7 de mayo frente al juzgado de garantías N°1 de Pilar pidiendo perpetua para los responsables, días después que se conociera que diez policías fueron detenidos como acusados tanto del homicidio de Sofía como de su encubrimiento.
Cinco de los oficiales están imputados por "homicidio triplemente calificado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial". Son Carlos Rodríguez, Yésica Isabel Núñez, Viviana Ruiz, Gonzalo Germán Robles y Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez.
Los otros cinco por "encubrimiento calificado por resultar el hecho precedente especialmente grave y por ser perpetrado por miembros integrantes de la fuerza policial", es decir, por no haber informado lo sucedido y por haber adulterado pruebas y documentos públicos. Son Daniel Eduardo Salerni (quien en ese entonces era el jefe de la dependencia), Miriam Valor, Gabriela Miño, Camila Pitulak y Gustavo Gabriel Camacho.
Todos ellos declararon a principios de mayo ante el equipo de fiscales integrado por Manuel Cayuela, titular de la UFI de Violencia de Género de Pilar, la ayudante fiscal Victoria Santamaría y el fiscal Esteban Álvarez de San Isidro, este último designado por el Fiscal General, John Broyad. Luego de las declaraciones, familiares de los detenidos pidieron la revisión de la causa y su liberación, en una marcha frente al juzgado.
Mientras avanza la causa, el pasado 10 de mayo siete de los diez policías imputados por el crimen de Sofía fueron beneficiados con arresto domiciliario. La medida fue decidida por el juez de garantías de Pilar, Walter Saettone. El abogado de la familia de la víctima, Ignacio Fernández Camillo, apelará la decisión y pedirá el cambio de carátula de la causa, entendiendo que se trata de un hecho de tortura seguida de muerte.
"Me reuní con el juez Saettone y lamentablemente le dio la noticia que nunca esperaba: ha dejado a nueve de los imputados libres con domiciliaria, no teniendo ninguna seguridad de lo que a mí o cualquiera de los integrantes de mi familia nos podría pasar", le dijo a Pilar a Diario Sandra Fernández, hermana de la víctima, luego de la decisión judicial.
Además, añadió que "si me llegara a pasar algo a mí o a cualquier integrante de mi familia, el único responsable va a ser el señor juez Walter Saettone".
En los próximos días se conocerá la definición judicial sobre la apelación del abogado de la familia de Sofía, para determinar si se hace lugar al pedido de prisión efectiva para los agentes o si continuarán con el beneficio de la domiciliaria.
