Desde el mes de abril, la población isleña dejó de recibir un servicio que bridaba la empresa AySA desde la pandemia, de provisión de agua potable en el delta de Tigre y San Fernando. A través de un amparo en el Juzgado Federal de San Martín, los vecinos lograron que la justicia hiciera lugar al pedido para que se retomen las recorridas por las islas, pero aún no hay respuesta de la empresa.
En la resolución judicial, se hace lugar al pedido vecinal para "restablecer el servicio de provisión de agua potable a la Primera y Segunda Secciones de Islas del Delta del Paraná través del servicio de lanchas, tal como se hizo en el período 2020/2023", servicio que, de acuerdo a lo manifestado por los vecinos "fue interrumpido arbitrariamente".
A la espera de la respuesta de la empresa a la intimación judicial, cuyo plazo ya venció hace varios días, los vecinos comenzaron una juntada de firmas para presentar ante el juez y que penalice a AySA por la falta de servicio, ya que esta situación implica que los isleños deban movilizarse hasta el continente para la búsqueda de agua potable, con los costos de logística y tiempo que eso conlleva.
"La justicia intimó a AySA a que responda qué pasaba con ese servicio y le dio un plazo que se venció", explicó a QUE PASA Pablo Cremona, uno de los vecinos firmantes de la presentación judicial y añadió: "El agua se repartía a granel en las escuelas e instituciones, pero esto está en sintonía con lo que pasa con la comida, les importa muy poco, concretamente".
El servicio se implementó a partir de junio de 2020, con catorce recorridos de lancha, nueve en la Primera Sección (Tigre) con una frecuencia de dos veces por semana, y cinco en la Segunda Sección (San Fernando) con una frecuencia de una vez cada 15 días. "En algunas escuelas se habían instalado tanques para proveerles agua y también a la comunidad de esos arroyos cercanos. Ahora ese servicio también se vio afectado", contó Pablo.
Además del servicio domiciliario de entrega de agua, las recorridas también abarcaban a 12 instituciones educativas entre jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias. Al momento del corte de servicio, eran cerca de 4.600 familias las que recibían el agua por parte de la empresa estatal.
La posición de Aysa
Voceros de la empresa estatal en comunicación con QUE PASA justificaron la decisión afirmando que "el servicio de distribución gratuita de agua potable en el Delta fue una medida solidaria implementada en el marco de la situación de emergencia sanitaria y la medida de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de que los habitantes de las islas puedan tener acceso a agua segura y potable".
"Las islas del Delta no se encuentran dentro del 'área servida' de AySA, es decir que es un lugar donde la empresa no puede prestar servicio en las condiciones impuestas por las normas regulatorias. La zona del Delta del Tigre no cuenta con cañerías distribuidoras para la conducción del servicio a los hogares y esta infraestructura es determinante a los efectos del suministro" aseguraron desde la empresa.
Finalmente desde AySA criticaron la acción judicial impulsado por los vecinos: "La intención de los cuatro accionantes, que pretenden arrogarse una representación sobre los vecinos isleños del Delta, es absolutamente arbitraria, sin sustento jurídico e importa una violación a la ley. Esto ha sido explicado por AySA a través de su contestación de demanda, incorporada a la causa la semana pasada. El proceso está en plena etapa de sustanciación, reanudando después de la feria judicial, por lo que aún no hubo pronunciamiento de la Justicia en ningún sentido".
