Desde el costo de las tarifas, el mantenimiento de las lanchas, las frecuencias, hasta el trabajo infantil, formaron parte de los reclamos de los vecinos.
Vecinos de las islas del delta volvieron a hacer oír sus reclamos por el servicio de transporte fluvial de pasajeros. A poco más de un mes de la última movilización que se realizó disparada por un aumento de tarifas, que acumulaba en el año un incremento cercano al 100% en el valor del boleto, y logrando la marcha atrás de éste, distintas asambleas vecinales, organizaciones sociales y vecinos se manifestaron en la estación fluvial de Tigre.
Los principales reclamos están en relación con el costo del boleto, la seguridad del servicio (lanchas envejecidas y con escaso mantenimiento), y horarios muy restringindos para las necesidades de los vecinos que viven en las islas. Pero también se denunciaron irregularidades en el cobro de los boletos y trabajo infantil.
Durante la manifestación se leyó un escrito acordado entre todas los vecinos, asambleas y organizaciones que conformaron Unidad Isleña. “Decimos basta de perder oportunidades de trabajo, de perder oportunidades educativas para los jóvenes que se tienen que ir de las islas para estudiar, basta de no tener vida social por no poder regresar después de la 6 de la tarde. Basta de no saber si llegamos o no a destino porque las lanchas se rompen o se hunden en el camino. Basta de soportar aumentos de tarifas que son desproporcionados al transporte que hoy tenemos”.
En el escrito también se denunciaba el trabajo infantil: “Queremos decirle basta al trabajo infantil en las lanchas. No podemos permitir que los menores abandonen la escuela. Los chicos tienen que estudiar, no trabajar”.
En diálogo con Que Pasa, uno de los referentes de Unidad Isleña declaró: “Estamos pidiendo que el Estado intervenga en la prestación de este servicio y que defina el mejoramiento integral del transporte, que defina de dónde va a salir la financiación para renovar la flota, cómo van a capacitar a la gente para que no haya maltrato y los recorridos sean lógicos, que se defina una universidad que realice la estructura de costos y se establezca de ahí una tarifa. La provincia reconoce que no tiene esta estructura de costos y permite aumentos de manera totalmente caprichosa. Hemos presentado expedientes, hecho audiencias públicas, pero la provincia te cambia los funcionarios, pero los problemas son los mismos, y hay que volver a explicar lo mismo que venimos diciendo hace 8 años”.
