En las últimas horas, se dio el cierre definitivo del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Fernando, y desde su equipo de trabajadores definieron el proceso mediante el cual se tomó la decisión "que se ejecutó de manera deliberada, progresiva y cruel a lo largo del 2024".
"Desde enero hasta diciembre, el equipo interdisciplinario sufrió un constante desgaste, mientras los despidos se llevaron a cabo de manera escalonada. Este proceso tortuoso se caracterizó por la falta de reemplazo de autoridades y la ausencia de una línea coherente de trabajo con el Ministerio de Justicia a nivel nacional y culminó con el despido de la totalidad de sus trabajadores el día 30 de diciembre del 2024", relataron los trabajadores.
Además, detallaron que desde su apertura en septiembre de 2015, el CAJ de San Fernando recepcionó "más de 15.000 consultas, dejando un legado significativo en la comunidad", como la creación de un protocolo de intervención en casos de violencia de género, la conformación de un red de trabajo interdisciplinario e interinstitucional en materia salud, educación, seguridad, justicia y género, y la realización "de más de 3.000 mediaciones comunitarias, resolviendo conflictos vecinales, cuestiones de cuota alimentaria, y régimen de comunicación y relación familiar".
"El CAJ de San Fernando también se destacó por su capacidad de articulación federal, trabajando en conjunto con los otros 82 centros distribuidos por todo el país. Gracias a esta red, se resolvieron situaciones de personas nacidas en otras provincias que no podían viajar para realizar trámites, un ejemplo concreto de federalismo y acceso igualitario a derechos", explicaron los ex trabajadores del espacio a través de un comunicado.
El equipo interdisciplinario del CAJ estaba compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, dos abogadas y un administrativo. "El cierre del CAJ de San Fernando no solo representa una pérdida para la comunidad local, sino también un retroceso en el acceso a la justicia y la garantía de derechos fundamentales. Instamos a las autoridades a reflexionar sobre el impacto de esta decisión y a buscar mecanismos que permitan restituir un servicio tan esencial para la comunidad", culminaron.
