La acción judicial fue presentada en marzo de este año por la concejal Marcela Durrieu (Frente Renovador), representada legalmente por el abogado Luis Sprovieri.
“La Justicia está aportando el sentido común”, señaló Durrieu, y agregó que “el fallo incluso se preocupa por salvaguardar la integridad patrimonial tanto del Jockey Club como del Municipio ante una posible paralización o revocación de permisos de obras ya aprobados”.
La medida cautelar presentada por Durrieu señala que la ordenanza aprobada no cumple con los requisitos mínimos establecidos por Ley para aquellos casos donde se compromete el medio ambiente: carecía del correspondiente estudio de impacto ambiental y del soporte de participación ciudadana. Tampoco se habrían tenido en cuenta la capacidad de infraestructura y servicios esenciales necesarios para la reestructuración urbana que se llevaría a cabo.
“El fallo establece claramente que la oportunidad de la medida cautelar se encuentra justificada a los fines de evitar la vuelta atrás de obras, emprendimientos y gastos que se puedan efectuar, y que el peligro en la demora se justifica a los fines de evitar hechos consumados que irroguen mayores conflictos y pérdidas económicas que pudieran ocasionarse de rechazarse el pedido de esta medida en favor de la Municipalidad”, explicó Sprovieri, representante legal de la concejal Durrieu.
También se pronunció sobre la cuestión el senador provincial Sebastián Galmarini, indicando que: “Este es un triunfo de los vecinos que se manifestaron a favor de preservar el medio ambiente donde elegimos vivir. Muchos nos movilizamos para cuidar este pulmón verde y no queremos que San Isidro sea un barrio más de la Capital Federal. Es hora que los gobiernos locales empiecen a planificar este tipo de modificaciones en defensa de los intereses ciudadanos por delante del negocio inmobiliario”.
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