Luego de meses de conflicto, los vecinos autoconvocados de Matheu y Villa Rosa tomaron una nueva medida que presentaron ante la justicia para intentar detener el impacto de las termoeléctricas ubicadas en el límite de Pilar y Escobar, que comenzaron a construirse allí hace más de un año, a principios de 2017.
Esta vez, el reclamo fue entregado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: un recurso de queja que busca sostener la medida cautelar presentada meses atrás, y promover la relocalización de las empresas APR Energy y Araucaria. Gustavo Madeira, abogado y representante legal de los vecinos autoconvocados, dialogó con Que Pasa, y señaló que "justo antes de la feria, hace dos semanas, pusimos este tema en manos del Supremo Tribunal, esperando poder mantener la medida cautelar y continuar con el cuestionamiento de fondo, que es que se ubiquen en un lugar apto".
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"La Corte Suprema de Justicia es la que tiene la última palabra y tenemos una buena expectativa. Esperemos que los jueces escuchen a los vecinos de Pilar y de Escobar, porque es un problema que nos preocupa muchísimo", expresó.
Además, en relación a las posibilidades de obtener un resultado favorable en la resolución presentada, añadió: "Sabemos que el Dr. Lorenzetti, presidente de la Corte, como también varios Ministros, han tenido una buena preocupación por los temas ambientales y hay fallos que son ejemplares."
"Más allá de las anteriores resoluciones judiciales, las empresas están funcionando y están haciendo ensayos de prueba, por eso apelamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", enfatizó el letrado, y sostuvo que "en proceso lleno de vicios, uno de los más graves es no haber sometido a este hecho a una audiencia pública". En este sentido, Madeira dijo que, desde la Corte, "hay muchos fallos que se expresan en este sentido y por eso tenemos la esperanza de que se resuelva favorablemente, la expectativa es que en agosto haya una resolución".
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"Lo que se está haciendo es una ilegalidad, ya que se trata de centrales termoeléctricas que son a base de diesel y de gas, altamente contaminantes, donde habrá más de 15 millones de litros de combustible, que equivale aproximadamente a 300 estaciones de servicio. Una locura si pensamos que se encuentra en medio de una zona urbana", manifestó Madeira.
En relación al reclamo, que viene desde hace más de un año, explicó que "un primer amparo ambiental presentado ante el Juzgado Federal de Campaña se decretó una cautelar contras las dos centrales en la que se frenó la construcción y se prohibió que entraran en uso". Luego de la apelación por la empresas, pasó a la Cámara Federal de San Martín que, en palabras de Madeira "se lavó las manos" al levantar esa medida cautelar, sosteniendo que "aún faltaban pasos administrativos para saber si efectivamente funcionarían o no en el lugar".
