Rosaura Ciprés (31), vecina del barrio La Chechela en Belén de Escobar, militaba en la juventud PRO y en septiembre del 2016 comenzó a trabajar para el Ministerio de Desarrollo Social, en el área de juventud que depende de Pedro “Piter” Robledo.
En diciembre del 2017, al ingresar al edificio de Ministerio se entera que había sido despedida, sin haber recibido ninguna notificación. Rosaura estaba embarazada y asegura haber dado aviso de esta situación entregando un certificado en su lugar de trabajo.
Pero meses después, en abril de 2018, se acercó a una dependencia de ANSES para tramitar un Monotributo Social y contar así con alguna cobertura médica y ahí descubre que seguía figurando como empleada del Ministerio y cobrando un sueldo de $150.000, muy superior a los $10.000 que había recibido hasta diciembre.
Los $150.000 se depositaron desde el mes de enero en la cuenta de Ciprés, cuando la joven ya había sido despedida y se retiraban días después. Ciprés dice nunca haber retirado dinero luego de que le indicaron verbalmente que no trabaja más para el Ministerio.
En dialogo con QUE PASA, su abogada, Micaela Wohn, señaló que la acción legal la realizan contra Robledo, ya que Ciprés dependía directamente de él y destacó la existencia de malos tratos del funcionario hacia la joven.
Robledo, uno de los referentes jóvenes del PRO, se hizo conocido cuando fue recibido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de ser agredido en una fiesta en San Isidro por su condición homosexual.
La denuncia por “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos” recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y el fiscal a cargo es Carlos Stornelli, quién decidió dar curso a la investigación.
Ciprés también denunció que luego de hacer público el hecho a través de los medios, recibió amenazas. A partir de allí tiene una custodia dispuesta por el juez.
Desde QUE PASA se buscó la palabra del Pedro Robledo pero no se obtuvo respuesta hasta el momento.
Fuentes del gobierno respondieron a Perfil que los depósitos se debieron a un error administrativo y que la acusación es una operación para ensuciar al Robledo. "Un director nacional no se encarga de pagar sueldos, eso tiene que ver con recursos humanos. Los funcionarios solo dan de alta o de baja”, explicaron ante la consulta. Además, agregaron que no hubo ningún perjuicio al Estado, dado que nadie cobró ese dinero que figuraba como supuesto excedente. "El error ya fue subsanado y los fondos fueron absorbidos por el propio Ministerio", aseguraron. También indican que no se les notificó el embazo de Ciprés al momento de ser despedida.
