En 2007, la Legislatura porteña sancionó la ley 2.340 que permitía a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos, en concepto de comisión, un mes de alquiler cuando se firmaba el contrato. En 2017, tras presentaciones judiciales y reclamos de organizaciones de inquilinos, la Legislatura modificó la norma y, con la Ley 5.859, prohibió el cobro de comisión a quien paga el alquiler.
Entonces, los corredores inmobiliarios de CUCICBA iniciaron el camino judicial para solicitar la inconstitucionalidad de la ley que impide el cobro de comisión a los inquilinos, ya que la norma los considera el eslabón más vulnerable.
“También los corredores cobraban un porcentaje mensual por la administración del alquiler”, afirmó el referente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, y sostuvo que "los propietarios ya no quieren pagarlo si les cobran cuando se firma el contrato”. Muñoz también confirmó que “incluso cuando la norma determinaba que solo podían cobrar el equivalente a un mes, las inmobiliarias imponían una comisión que era el doble. Los inquilinos denunciamos esto y la respuesta del CUCICBA fue arancelar la denuncia para desestimular a las personas que informaban el incumplimiento”.
En tal sentido, semanas atrás el Tribunal Superior de la Ciudad consideró que la ley 5.859 es constitucional. Ese reclamo ahora pretende llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras, la incertidumbre y la intemperie agrega una cuota más de dramatismo a la ya de por sí compleja situación que padecen los inquilinos.
El referente nacional asegura que a los corredores inmobiliarios “les resulta más fácil imponer una comisión a los inquilinos que a los propietarios. Quien busca una vivienda está obligado a caer en una inmobiliaria” y someterse a las arbitrariedades y cobro de comisiones. Esto refleja una preocupante realidad donde “un dueño tiene una posición de mucha mayor fortaleza para negociar”.
