El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense absolvió al fiscal adjunto de la Fiscalía General de San Isidro, Rodrigo Caro, acusado de haber entorpecido la investigación de los homicidios de dos colombianos ligados al narcotráfico cometidos en 2008 en el shopping Unicenter.
Una fuente del jurado explicó a Télam que la decisión se adoptó por mayoría por entender que "el funcionario enjuiciado tuvo la suficiente ajenidad de los hechos por los que fuera acusado".
El vocero detalló que por la absolución votaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari, y los conjueces abogados Alberto Insúa, Humberto Pastor, Marcos Vilaplana, Fabián Ramón González y el legislador Ricardo Lissalde, mientras que la senadora Nidia Moirano votó por su destitución.
Las actuaciones se habían originado a partir de una denuncia contra el entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y luego fue ampliada contra los fiscales adjuntos Eduardo Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro.
Novo y Vaiani presentaron su renuncia al cargo por lo que no se les siguió el jury, pero el proceso a Caro continuó hasta concluir hoy con su absolución.
El 24 de julio de 2008, los colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos (35) y Jorge Alexander Quintero Gartner (35) fueron asesinados a balazos en el estacionamiento del shopping Unicenter, de Vicente López, en la zona norte del conurbano.
En agosto de 2017, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Gustavo Carlos Luaces (57), acusado de haber sido uno de los partícipes del doble crimen.
Luaces es un ex socio de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, condenados en España por narcotráfico y fue detenido por este caso en 2016.
Por el doble crimen también fueron procesados con prisión preventiva los barrabravas xeneizes Víctor Ovejero Olmedo (35), Richard William Laluz Fernández (49) y Jorge Moreira (37) y el empresario farmacéutico Martín López Magallanes (48).
En junio de 2017, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez pidió la elevación a juicio de estos imputados mediante un escrito en el que explicó que el hecho se habría desarrollado durante un "complejo entramado de crimen organizado vinculado con el tráfico nacional e internacional de sustancias estupefacientes".
Domínguez dio por probado que el ataque se cometió "previa ideación mancomunada de un plan delictivo orientado en tal sentido y propósito, en el cual cada uno de los acusados, de manera coordinada y organizada, tomó parte mediante un aporte imprescindible para su efectiva concreción".
Según la elevación a juicio, los barrabravas Ovejero Olmedo y Moreyra interceptaron y asesinaron con armas de fuego a las víctimas "en cumplimiento de un plan trazado con antelación".
En tanto, Luaces, López Magallanes y Fernández fueron acusados de haber coordinado los asesinatos.
Para el fiscal, del hecho participó también un hombre de nacionalidad colombiana que habría oficiado como entregador de las víctimas por su relación familiar con uno de los líderes del "cartel del Valle del Norte" de Colombia.
Domínguez también expuso otras particularidades de la investigación, como la relación de estas organizaciones vinculadas con el contrabando de estupefacientes con integrantes de las "barras bravas", que oficiaron en los homicidios como mano de obra local, y recordó que López Magallanes fue socio de Sebastián Forza (35), uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez.
Respecto de Luaces indicó que, según un informe agregado al expediente, habría exportado oro a Estados Unidos para de esta manera lavar los activos provenientes del contrabando de estupefacientes.
Mientras que por el presunto "encubrimiento agravado" mediante el entorpecimiento de esta investigación fueron procesados Novo, Caro y Vaiani y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
