Luego de ocho días de toma en el barrio Almirante Brown de Tigre, conocido como barrio Garrote, las más de 120 familias que se encontraban ocupando distintos sectores del barrio llegaron a un acuerdo con los gobiernos nacional, provincial y municipal para dejar las zonas ocupadas de manera voluntaria.
Según lo que confiaron fuentes que participaron de la negoción a QUE PASA, los diálogos para encontrar una salida sin llegar al desalojo policial comenzaron el pasado miércoles, a través de la firma de un acta que establece el compromiso de diversas áreas del Estado para acompañar las necesidades de cada una. Para el viernes pasado, más de la mitad de las personas ocupantes habían suscrito el documento, y luego del trabajo durante todo el fin de semana, en la tarde del lunes se arribó a un acuerdo con la totalidad de los ocupantes.
De esta manera, y tal lo confirmaron por fuentes judiciales a este medio, la medida del desalojo quedó suspendida, algo que ya era una decisión tomada, más allá de cómo resultaran las negociaciones con las familias.
"El único rol de la policía ahora es cuidar el lugar para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el domingo", sostuvieron en diálogo con este medio vecinos del barrio, entre los que generaba tensión la situación de toma que se venía desarrollando desde la noche del 8 de noviembre.
En el marco del acuerdo, autoridades de la Secretaría de Hábitat de la Nación, el Organismo Provincial de Integración Socio Urbana de la provincia de Buenos Aires (OPISU), la Dirección Provincial de Atención Inmediata, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tigre, y la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular municipal se comprometieron “a proponer una respuesta tendiente a facilitar una solución habitacional adecuada a sus necesidades, en el marco de los proyectos que se impulsarán a tales efectos, dentro del Plan Bonaerense de Suelo Vivienda y Hábitat de la Unidad de Tierra y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y los acuerdos firmados entre la entonces Secretaría de Hábitat de la Nación con la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tigre, teniendo en cuenta sus posibilidades presupuestarias”.
Estas necesidades terminarán de constatarse en los próximos días mediante informes socioambientales, que ya se realizan entre las 124 familias que firmaron el acuerdo, y no descartan la posibilidad de que se amplíe a otras familias del barrio. "No queremos dejar a nadie afuera, el trabajo comienza a partir de ahora, no va a haber una retracción del Estado porque el asunto del desalojo esté resuelto", señalaron a QUE PASA funcionarios presentes en los encuentros donde se firmaron las actas con las familias y explicaron que se evaluará si la ayuda se destinará a través de subsidios, compra de materiales u otro tipo de herramienta.
"Hay que destacar las políticas de diálogo y el trabajo conjunto no sólo entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal, sino también junto a la comunidad. Ahora debemos avanzar a dar solución a este problema, estar cerca y presentes", expresó en una charla con QUE PASA el secretario de Economía Popular de la Provincia y referente del Movimiento Evita de Tigre, Federico Ugo.
Desde el domingo 8 de noviembre, eran 124 las familias que habían llevado adelante la toma, un 40% se encontraban ocupando construcciones sin terminar del programa Sueños Compartidos, que interrumpió su ejecución en el marco de una causa judicial que investiga desvío de fondos. El resto de las familias se encontraban ocupando terrenos linderos a las construcciones y también en la costa. Durante la tarde de este lunes, las familias ya dejaban las estructuras de las viviendas sin concluir y también las zonas aledañas, por lo que se espera que en las próximas horas los terrenos se encuentren completamente desocupados.
