La jueza que investiga una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico y estaba presuntamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán e integrada por 15 personas ya procesadas, cree que entre 2013 y 2015 esa organización se apoderó de al menos unos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos relacionados con cinco casos resonantes.
Al momento de dictar el procesamiento, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado consideró, en base a dichos de testigos, que la droga de la que se apoderaba la organización era "comercializada ilegalmente" y el dinero obtenido luego repartido entre todos sus miembros.
Según consta en el fallo de la magistrada, unos 500 kilos de cocaína habrían sido obtenidos de manera ilegal durante el denominado operativo "Leones Blancos", realizado en 2013 en Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de esa sustancia aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.
Otros 55 kilos serían producto de tres allanamientos en la zona de José C. Paz llevados a cabo a mediados de 2014, cuando también se habría pactado con una banda narco la entrega de 300.000 pesos a modo de pago para evitar una causa judicial.
Respecto del dinero obtenido de otras extorsiones a sospechosos a cambio de no detenerlos, los pesquisas establecieron que 30.000 dólares fueron entregados por un supuesto narco de José León Suárez en 2014; 6.000 pesos y 3.000 dólares por otro acusado en mayo de 2015 en Carapachay; y 80.000 pesos por una mujer allanada en 2015, también en José León Suárez.
En el procesamiento dictado por Arroyo Salgado, consta la declaración como "arrepentido" de un ex policía quien se refirió a su rol como testigo en el procedimiento "Leones Blancos" dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el "jefe" de la asociación ilícita.
"El fiscal estaba al tanto de todo, que yo iba a figurar como testigo porque vino a hablarme directamente a mí, me dijo: 'Fijate cómo va a declarar el otro testigo', por (Cristian) Seu (otros de los procesados), 'mirá lo de las cámaras', que no me tomara ninguna cámara y fue el que dijo que distribuyéramos la droga entre el piso y la Chevrolet", en la que se retiró del lugar, declaró.
Según este arrepentido, el cargamento de cocaína obtenido "era la mitad" del total secuestrado y fue trasladado a "un local de la calle Urquiza y Carlos Pellegrini" de Quilmes en "unos bolsos azules con manijas negras".
"Eran bolsos de unos 20 kilos. Pusimos entre 26 y 28 bolsos en la camioneta (Chevrolet) S10, en la caja y adentro de los asientos", añadió y detalló que el local pertenecía al policía Adrián Baeta, otro de los investigados.
"No se trató de una simple acumulación de irregularidades en la actuación prevencional sino de conductas ilícitas planificadas y ejecutadas por funcionarios con el afán de manipular a su antojo el sistema judicial con fines que, aunque desconocidos, no han de suponerse legítimos", señaló en 2016 el Tribunal Oral Federal (TOC) 5 de San Martín en su sentencia en la que absolvió a los cuatro detenidos en aquel operativo.
Ese fallo fue tenido en cuenta por Arroyo Salgado, quien advirtió que el mismo tribunal también absolvió a los imputados en otra causa por narcotráfico que instruyó Scapolán y que llegó a juicio.
Sobre esa causa de 2014, a la sombra de la cual se cree que los narcos entregaron 55 kilos de cocaína en tandas de 40, 15 y 5 para no ser detenidos, el abogado Damián Odetti, defensor de uno de los acusados, declaró: "Mi conjetura es que una vez cumplido el acuerdo de llevarse su plata y la droga, Scapolan y la policía dejaron impune el hecho".
A su vez, uno de los imputados en el expediente es el abogado Matías Pedersoli, quien declaró en su indagatoria: "El acuerdo que se concretó fue finalmente que se queden con trecientos mil pesos y la droga de los dos procedimientos, es decir, unos 5 kilos de cocaína del domicilio de Santiago del Estero y de Washington aproximadamente unos 10 kilos de cocaína".
"Esa cocaína se la llevan los funcionarios policiales directamente de los procedimientos, sin que conste en las actas", indicó Pedersoli, quien con los datos aportados al expediente se convirtió en "imputado colaborador" y fue excarcelado.
En cuanto a las extorsiones, otro ex policía que declaró como arrepentido, explicó: "En los casos que se allanaba, si no se encontraba droga se pedía plata para no seguir investigando al tipo, es decir se le cobraba para dejarlo tranquilo."
Este "arrepentido" dijo que de uno de los allanamientos él recibió 40.000 pesos, mientras que otra parte fue a manos de los policías procesados Oscar Caviglia y Roberto Okuzarty.
Además de los imputados mencionados siguen presos los funcionarios judiciales Maximiliano Jarisch y Gustavo Santivale; los policías Juan Magraner, Juan Elizalde, José Delgado, Marcelo Di Rosa, Santiago Cabre, Alexis Tabares y Juana Medina; el ex efectivo Mario De Armas; el presunto falso testigo Seu y José Molina.
Jarisch, Santivale, Magraner y Okuzarty fueron considerados "organizadores" de la banda, en tanto que los demás quedaron imputados como "miembros".
En tanto, el abogado Francisco García Maañon, quien se encontraba prófugo en esta pesquisa, se presentó ante la Justicia en las últimas horas y fue excarcelado pocas horas después tras aportar datos como un "imputado colaborador".
