Con una protesta en frente de los Tribunales de San Isidro, las trabajadoras del Patronato de Liberados de Vicente López denunciaron las condiciones laborales con las que tienen que lidiar día a día. “Estamos denunciando un vaciamiento sistemático de la institución. Las autoridades están llevando una política de hostigamiento a las trabajadoras a través de sacarnos los recursos para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera. No hay personal, la ley de ejecución penal dice que hay que tener una trabajadora social cada treinta condenados y estamos muy lejos de llegar a ese número”, enfatizó la delegada gremial de ATE Zona Norte, Gabriela Trinidad.
En ese sentido, Trinidad reclamó “políticas públicas para contener la problemática, inclusión social para mejorar las condiciones de vida de las personas que pasan por el patronato” y amplió: “En nuestra delegación atendemos a 500 personas y solo somos 3 trabajadoras. Nuestro trabajo no es solo entrevistas en las delegaciones sino un trabajo de campo en los territorios para determinar las condiciones sociales que llevan a una persona a cometer un delito”.
“Hay muchas compañeras que renunciaron, otras que se jubilaron y no se reponen los cargos. El patronato depende de la secretaria de Derechos Humanos que tiene un presupuesto muy chico para poder hacer el trabajo bien. El 80% del presupuesto del 2018 para el patronato se destina solo a pagar salarios, no queda nada para hacer asistencia”, detalló en relación a los recursos con los que cuenta la institución.
Por otra parte, Trinidad manifestó que “lamentablemente nos dijeron desde la dirección que no habrá incorporaciones para el año próximo. Es humanamente imposible atender a todos los condenados con los recursos que contamos. Tampoco salen los proyectos que presentamos en Desarrollo Social para mejorar la situación. Además los salarios son muy bajos, apenas llegamos a cobrar 14 mil pesos”.
“Mediáticamente se dicen muchas cosas sobre los que gozan de la libertad condicional y recurren en delitos pero nada sobre las deplorables condiciones con las que el Estado trata de contenerlos”, concluyó la trabajadora.
