A partir de enero de 2024, las tarifas de electricidad y gas en Argentina experimentarán nuevos aumentos. El ajuste promedio será del 1,6% en las boletas de luz para usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 1,82% en las de gas natural por red a nivel nacional.
El Ministerio de Economía explicó que estos incrementos forman parte de un plan para continuar reduciendo subsidios energéticos, con el objetivo de anclar la inflación mensual por debajo del 2%. Asimismo, este ajuste acompaña la intención de desacelerar la tasa de devaluación del peso frente al dólar oficial al 1% mensual, tal como se anunció en los lineamientos del Banco Central para 2024.
Las tarifas de luz y gas se componen de cuatro segmentos: generación de energía o producción de gas (incluyendo importaciones, donde se canalizan los subsidios), transporte, distribución (ambos regulados por Nación o provincias) y los impuestos. Debido a que los usuarios están categorizados por ingresos (altos, medios y bajos), el impacto de los aumentos varía, considerándose un promedio general para las estimaciones.
En el caso de la electricidad, la Secretaría de Energía mantendrá sin cambios el Precio Estacional (PEST) hasta febrero, lo que impacta a nivel nacional. Sin embargo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) otorgará desde enero un aumento del 4% a las empresas distribuidoras bajo su control, como Edenor y Edesur, así como a las transportistas de alta tensión, entre ellas Transener, Transnoa y Transba.
Por su parte, el gas, cuyo precio está dolarizado en torno a 3,50 dólares por millón de BTU, verá una actualización en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) en función de la devaluación oficial del 2%. Este ajuste se trasladará directamente a los usuarios residenciales, comerciales e industriales. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) autorizó un incremento del 2,5% en los ingresos de las empresas reguladas, como Metrogas, Naturgy, Camuzzi y otras distribuidoras en distintas regiones del país.
Entre mediados de enero y principios de febrero, se realizarán audiencias públicas para evaluar los planes de inversión de las empresas reguladas, los objetivos de mejora en la calidad del servicio y las necesidades tarifarias de los próximos cinco años. Según estimaciones oficiales, hacia marzo o abril se definirán nuevas tarifas que no deberían superar el 9,9%.
En este contexto, el Gobierno también coordina reuniones semanales con el objetivo de minimizar cortes de electricidad durante el verano. Las previsiones climáticas indican que las temperaturas no serán tan extremas y que habrá mayor aporte de energía hidroeléctrica desde Brasil. Además, la Secretaría de Energía prepara licitaciones para mejorar la red de transmisión, almacenar energía en baterías y fomentar la contratación de energía por privados a largo plazo, como parte de una estrategia para aumentar la capacidad de generación termoeléctrica.
