La Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso, sugirió al juez Daniel Rafecas que la propiedad José López, ex secretario de Obras públicas del kirchnerismo, en Tigre “se entregue a la Agencia de Administración de Bienes del Estado”, responsable del “programa preservar” para “ofrecer el inmueble a provincias, municipios, u ONG que pueden solicitar un permiso de uso o custodia sobre inmuebles y, de esta manera, brindar solución a las problemáticas locales y revalorizar su función social”.
Con dicha medida, se busca "conservar de manera eficiente la posibilidad de reparación del daño patrimonial derivado de la actividad delictiva imputada”, y a su vez "salvaguardar la potestad confiscatoria del Estado con relación a los beneficios derivados de la actividad delictiva”, ya que se presume, según lo que investiga Rafecas, que la casa ubicada en Dique Luján y valuada en 680 mil dólares fue parte de un "enriquecimiento ilícito" por el que López se encuentra actualmente procesado.
Sobre la vivienda
El juez Daniel Rafecas consideró que José López era el propietario de la casa donde vivía, que supuestamente alquilaba, en Dique Luján y por este motivo se inició un procesamiento por "enriquecimiento ilícito", el segundo del ex secretario de obras.
Andrés Galera fue el titular registral de la casa desde mayo de 2008, cuando la compró por 112 mil dólares. En 2010 vendió el inmueble a Eduardo Gutiérrez por 150 mil dólares. Un año después, el nuevo propietario firmó un contrato de locación con José López, que se renovó hasta enero de 2017. Sin embargo, "entre 2009 y 2011 el arquitecto Fernando Curcio se encargó de construir la casa bajo las órdenes de López y su mujer", indicó el magistrado. La propiedad fue tasada oficialmente con un valor de 680.000 dólares.
Eduardo Gutiérrez, presunto testaferro de López, “participó de la simulación de la operación” y ahora reclama a la Justicia que le devuelvan el inmueble, argumentando que “la propiedad legal y registral” le pertenece.
Según las investigaciones judiciales, López se valió "de la ayuda de Gutiérrez y Galera", que actuaron como "personas interpuestas con la finalidad de disimular el incremento patrimonial ilícito". Todos están procesados y tienen el pedido de elevación a juicio oral.
