Este lunes 3 de mayo, en el día de la marcha que lleva el lema de “Ni Una Menos” y tiene como objetivo la visibilización y erradicación de la violencia contra la mujer, el Tribunal de Familia N°2 de San Isidro, en conjunto con la Dirección de Género de la Provincia de Buenos Aires y el Centro de Acceso a la Justicia con sede en San Fernando, implementaron el programa de monitoreo por tobillera electrónica a un hombre acusado de violencia de género contra una vecina de San Fernando. Luego del acontecimiento, la concejal de Cambiemos Agustina Ciarletta, se manifestó al respecto.
“Para nosotros es muy importante poder articular con la Provincia y los municipios, las herramientas que le permiten a las mujeres víctimas de violencia poder volver a realizar un proyecto de vida sin miedo a que su agresor las encuentre o le haga daño a sus hijos. Junto al CAJ (Centro de Acceso a la Justicia de la Nación) de San Fernando hace tres años y medio que venimos trabajando, atendiendo a más de 4 mil personas al año y acompañando a muchísimas mujeres víctimas de violencia que necesitan de un Estado presente” enfatizó Ciarletta.
En este sentido, señaló que "en la lucha contra la violencia de género es esencial poner a disposición todos los recursos que dispongamos, ninguno por si solo es una solución instantánea".
"Las tobilleras duales son una herramienta más, que actúan de manera preventiva y demostraron ser efectivas en la asistencia a las víctimas. Estamos muy contentos de que San Isidro haya provisto de esta orden para que vecinas como Roxana hoy puedan seguir trabajando y aportando desde su experiencia ayuda para otras mujeres que necesitan tomar valor y realizar la denuncia”, culminó.
El Programa de “Tobilleras Electrónicas” , forma parte del Plan Integral de Género de la Provincia y actúa como una medida de protección complementaria a las disposiciones cautelares en situaciones donde hay un alto riesgo de vida. Consiste en dos dispositivos rastreadores, uno para la víctima y otro para el agresor. Además, este último tendrá colocado una tobillera electrónica que funciona conectada al rastreador mediante radiofrecuencia. Se adjudica por orden judicial y contempla la prohibición de acercamiento a una determinada cantidad de metros que es controlada electrónicamente, así como la resocialización de los agresores y la atención psico-social a las víctimas.
