El Gobierno nacional confirmó el cierre definitivo de Ciccone Calcográfica, ubicada en Don Torcuato, partido de Tigre. La empresa de impresión de billetes fue expropiada en 2012 y fue el centro de un escándalo de corrupción que involucró y terminó con la condena del entonces vicepresidente Amado Boudou. La planta, que operaba bajo la administración de la Casa de Moneda, cerró sus puertas de manera definitiva, afectando a 270 empleados que fueron "dispensados" de trabajar mientras se define su futuro.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los motivos detrás de la decisión mediante un comunicado oficial: “Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone), ubicada en la localidad de Don Torcuato. En este sentido, ya se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas y se notificó la decisión a la dotación de personal afectada”.
Caputo agregó: “La empresa había sido expropiada por el Estado Nacional el 22 de agosto de 2012 durante la gestión de Amado Boudou cuando cumplía funciones de Vicepresidente. Debido a que esta operación fue un caso de corrupción de público conocimiento, y a que hoy resulta menos oneroso que la producción de billetes se compre a distintos proveedores internacionales, no existe ninguna necesidad de que la compañía continúe en manos estatales”.
En cuanto al destino de los equipos e instalaciones, detalló: “La maquinaria necesaria para la producción de chapa patente se instalará en los depósitos de Retiro, y se iniciará el proceso de retiro de tres máquinas de calcografía para la producción de pasaportes. En la misma línea, se retirará toda la maquinaria importada utilizada para la producción de billetes”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó la postura oficial al describir a Ciccone como "uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista". Además, destacó que el cierre de la planta generará un ahorro anual de $5.040 millones, ya que a partir de ahora la impresión de billetes será encargada a proveedores internacionales.
El inmueble, que además era utilizado como depósito de billetes deteriorados en proceso de destrucción, será subastado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Mientras tanto, el futuro de los 270 empleados afectados continúa siendo incierto, en espera de nuevas políticas por parte del Estado.
