Este jueves, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda aprobó por unanimidad de todos los bloques el despacho para el tratamiento de la actualización de la Ley de barrios populares, sancionada a finales de octubre de 2018.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que incorporó finalmente aportes de la oposición, propone en algunos de sus puntos prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años, refrenda la actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) aprobada por decreto el año pasado, declara la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental e incorpora la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de lotes con servicios, entre otros temas.
"En la Cámara de Diputados de la Nación pasó algo que, lamentablemente, resulta extraño por estos días. Oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo en un proyecto de ley que deberá ser aprobado en la Cámara la semana que viene", manifestó Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, en una nota de opinión publicada por el diario Clarín.
En este sentido, Miño explicó que esa ley "autorizó al Poder Ejecutivo a crear el Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el cual tengo el honor y, sobre todo, la enorme responsabilidad de presidir".
"Aquella norma, abrazada por todo el arco político, fue impulsada por organizaciones sociales, la iglesia de los barrios, ONGs vinculadas al tema del hábitat y miles de organizaciones de base, comedores, espacios comunitarios, bibliotecas populares y demás actores de la sociedad civil de toda la Argentina", recalcó la vecina del barrio La Cava, en San Isidro, y agregó que "fue una ley parida de abajo para arriba, producto de décadas de lucha de familias que, como la mía, nacieron al costado del camino, carentes de servicios básicos como el agua potable, la red eléctrica y el sistema cloacal".
En la columna publicada por Clarín, la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social sostuvo que "aquella ley fue también producto de la osadía e inteligencia de un puñado de dirigentes que supieron tejer acuerdos en la diversidad. En tiempos donde prima la disputa y el sectarismo, pusieron las necesidades de las últimas y los últimos por encima de todo y, de esa forma, lograr consensos".
Con la actualización de la ley, Miño detalló que "se consolida un registro de 5.687 barrios populares. Se trata de villas y asentamientos ubicados en las 23 provincias y la Capital Federal, donde viven más de 5 millones de compatriotas sin acceso formal a la tierra y los servicios más elementales".
"Desde el 2020, además del registro, se puso en marcha una estructura ejemplar que financia y monitorea obras de integración socio urbana en todo el país. Más de 700 barrios, a lo largo y ancho de todo el país, están recibiendo obras de infraestructura básicas: redes y conexiones seguras de agua potable, electricidad y cloaca; accesos vehiculares y peatonales seguros; espacio público y equipamiento. Además, se está impulsando la creación de miles de lotes sociales con servicios, nuevo suelo urbano destinado a las familias más pobres del país, para evitar la proliferación de nuevas tomas y así dejar de correr siempre el problema desde atrás", indicó.
Además, calificó el volumen de obras en barrios populares como "inédito en la historia reciente de nuestro país".
"El próximo paso será garantizar un fondeo plurianual que otorgue previsibilidad y continuidad a las obras que se están realizando y las que vendrán. Porque, como dijo una de las diputadas de la oposición que está trabajando sobre la iniciativa, integrar todos nuestros barrios es una tarea que, si trabajamos en unidad, nos va a llevar unos 20 años", describió.
"Somos conscientes que no alcanza solo con la integración social y urbana de nuestros barrios, para poder tener el país digno y feliz que queremos. Pero también es cierto que sin esa transformación, aquella Argentina será imposible. Está en manos de Dios y nuestros legisladores dar estos pasos en la consolidación de una política de Estado que pueda ser puntal de una Argentina más integrada socialmente y con oportunidades para todos. Confío en ellos y en la fuerza del pueblo y sus organizaciones. Que sea ley", cerró Miño.
