En las últimas horas, José López fue condenado a seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal 1, quien también determinó que el dinero que se encontraba en los bolsos, cerca de U$S9 millones, serán decomisados y destinados a los hospitales de niños "Juan P. Garrahan" y "Ricardo Gutiérrez", como así también dos relojes que eran de su propiedad. Lo que aún resta determinar, es qué pasará con la vivienda que López tiene en Dique Luján, que está valuada en 680 mil dólares y sobre la cuál también se ordenó el decomiso.
Si bien la definición judicial sobre dónde se destinarán los fondos está tomada en relación a los bienes de los bolsos, estos pasos deberán esperar dos instancias judiciales más, ante las probables apelaciones de la defensa: primero la Cámara Federal de Casación Penal y, en caso de una nueva apelación, la Corte Suprema de Justicia, deberán confirmar la condena y el decomiso emitidos en la tarde del miércoles 12 de junio por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg.
Otro destino público tendrá la casa de Tigre, en la que vivía López, y sobre la que también se ordenó el decomiso. Actualmente, la vivienda está embargada y con custodia policial: Si su decomiso queda firme será rematada y sobre el dinero que se obtenga se decidirá su destino. Por la causa de enriquecimiento ilícito, también se condenó a los empresarios Andrés Galera y Enrique Gutiérrez, vinculados a esta casa como testaferros de López.
La casa de Dique Luján es de donde López partió la noche del 14 de junio que llevó los bolsos con dinero y otros objetos de valor al monasterio ubicado en General Rodríguez, y fue precisamente esa propiedad la indicada por la justicia como lugar donde el ex Secretario de Obras los ocultaba previamente. De hecho, de la investigación surge que el dinero se habría encontrado en ese lugar junto a un tanque, y por eso estaba húmedo al momento de la detención.
Ya en agosto de 2017, la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso, había sugerido a Daniel Rafecas, juez que luego elevó la causa a juicio oral, que la propiedad de López en Tigre “se entregue a la Agencia de Administración de Bienes del Estado”, responsable del “programa preservar” para “ofrecer el inmueble a provincias, municipios, u ONG que pueden solicitar un permiso de uso o custodia sobre inmuebles y, de esta manera, brindar solución a las problemáticas locales y revalorizar su función social” ya que el inmueble era parte de un "enriquecimiento ilícito".
En relación a los otros dos condenados en el juicio vinculados a la vivienda de Tigre, Andrés Galera fue el titular registral de la casa desde mayo de 2008, cuando la compró por 112 mil dólares. En 2010 vendió el inmueble a Eduardo Gutiérrez por 150 mil dólares. Un año después, el nuevo propietario firmó un contrato de locación con José López, que se renovó hasta enero de 2017. Sin embargo, "entre 2009 y 2011 el arquitecto Fernando Curcio se encargó de construir la casa bajo las órdenes de López y su mujer", indicó el Tribunal sobre la propiedad tasada oficialmente con un valor de 680.000 dólares.
Según las investigaciones judiciales, López se valió "de la ayuda de Gutiérrez y Galera", que actuaron como "personas interpuestas con la finalidad de disimular el incremento patrimonial ilícito".
Para Galera y Gutiérrez, considerados testaferros de López en la adquisición de esta propiedad, la fiscalía había pedido que fueran condenados a la pena de 3 años y seis meses de prisión como partícipes necesarios del enriquecimiento. Finalmente, el Tribunal les dio dos años y medio de prisión a cada uno.
