Condenaron a tres ex miembros de la Prefectura por extorsionar a delincuentes para no denunciarlos

Años atrás una delegación de la PNA recibió una denuncia telefónica anónima que aseguraba que un miembro de la fuerza tenía una “banda armada” que planeaba “un robo grande en San Fernando, Tigre, vinculado a droga de otra banda”. Finalmente, ese efectivo era uno de los actuales detenidos.

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Tres ex miembros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) fueron condenados a penas de entre 14 y 15 años y nueves meses de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer distintos delitos en Zona Norte.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 de San Martín recayó sobre los sujetos, quienes habrían abusado de su condición y de la información que podían reunir acerca de personas acusadas de comercializar drogas y de cometer otros hechos ilícitos.

De acuerdo a lo informado por el sitio Fiscales, el TOCF, integrado por los jueces Daniel Alberto Cisneros, Walter Antonio Venditti y Silvina Mayorga, también condenó a otro sujeto al que se lo acusa de planificar el ingreso ilegal a los domicilios de las personas señaladas con el objetivo de exigirles dinero a cambio de no denunciarlos.

Según los fundamentos del fallo dados a conocer este martes, los cuatro formaron parte desde una fecha indeterminada hasta el 28 de noviembre de 2018 de una banda destinada a “cometer, colaborar o coadyuvar en la comisión de delitos indeterminados”. En ese marco, en octubre de 2018 la delegación Caleta Olivia de la PNA recibió una denuncia telefónica anónima que aseguraba que un miembro de la fuerza tenía una “banda armada” que planeaba “un robo grande en San Fernando y Tigre, vinculado a droga de otra banda”.

El denunciante aportó el número teléfono de la persona a la que acusaba, que resultó ser el que utilizaba uno de los actuales detenidos.

Con el inicio de la investigación y la intervención de ese teléfono, se determinó que el 28 de noviembre de 2018 dos de los individuos ingresaron a un automóvil en el que se trasladaban una mujer y su hijo. Ambos fueron amenazados con armas de fuego y obligados a regresar a su domicilio, y antes de llegar los entonces prefectos se identificaron como tales y le exigieron a la mujer 400.000 pesos. Al arribar a la vivienda, los dos arrestados entraron con la mujer, y dentro de la propiedad privaron de la libertad a su esposo y a un amigo, mientras reclamaban el dinero.

Un vecino logró advertir la situación y llamó al 911, por lo que acudieron al lugar efectivos del Comando de Patrullas de esa jurisdicción y detuvieron a los tres acusados.

Uno de los hombres fue condenado a quince años y nueve meses de prisión al ser considerado responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por la condición de funcionario de una fuerza de seguridad, por el empleo de armas de fuego y por la intervención de tres o más personas; asociación ilícita; portación ilegítima de arma de guerra; tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado por su condición de funcionario público.

También se le impuso una inhabilitación especial por diez años para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial o como prestador de servicios de seguridad privada.

Otro recibió una pena de catorce años de cárcel como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada por la condición de funcionario de una fuerza de seguridad, por el empleo de armas de fuego y por la intervención de tres o más personas; por ser miembro de una asociación ilícita; por la tenencia ilegítima de arma de guerra y por encubrimiento agravado por su condición de funcionario público, y se le impuso la misma inhabilitación que a Valenzuela.

En tanto, otro fue declarado reincidente y se le fijó una pena única de 16 años y 8 meses de prisión por los mismos delitos.

A su vez, y tal como había solicitado el fiscal del juicio, Alberto Gentili, el restante recibió una pena de tres años de prisión en suspenso con una inhabilitación para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial o como prestador de servicios de seguridad privada por cinco años, al ser considerado responsable de integrar la asociación ilícita.

Por último, fue declarado penalmente responsable un joven que al momento de los hechos era menor de edad, por su intervención en la privación ilegítima de la libertad en un rol de partícipe secundario.

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