En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, una vecina del barrio cerrado “La Escondida” en Tigre, quiso hacer ingresar a una joven de 21 años a su casa, pero el personal de seguridad le negó el acceso por no tener domicilio allí, por el protocolo ante la pandemia de coronavirus.
Frente a esto, la mujer habría falsificado una partida de nacimiento para hacerla pasar por su hija y así lograr su cometido. Darío Figueiras, secretario del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, donde está radicada la causa, explicó a TN que "se están haciendo los allanamientos correspondientes para el secuestro de documentación y teléfonos celulares".
Luego de discutir con los custodios del barrio privado en Rincón de Milberg, la empresaria, de 60 años, se comunicó con el administrador para explicarle lo que estaba sucediendo y alegó que la persona a la que no estaban dejando entrar era su hija, fruto de "un matrimonio anterior", que estaba atravesando un cuadro de depresión y necesitaba estar acompañada.
El hombre autorizó el ingreso, pero le solicitó a la propietaria una copia de la partida de nacimiento y un certificado médico que acreditara la situación de salud mental que había planteado. La propietaria le envió los papeles correspondientes.
Tras la situación, un vecino de la mujer que conoce personalmente a su hija, le llamó la atención la situación y descubrió que la mujer había falsificado la partida de nacimiento que entregó, borrando el nombre y DNI de la verdadera madre de la joven y poniendo el suyo en su lugar, para hacerla pasar por su hija.
"Yo sabía que no era su hija porque tiene una sola que conozco y vive con ella", le contó a Infobae Horacio García, el hombre que la denunció. García y la administración del barrio hicieron la denuncia correspondiente en la Comisaría 1° de Tigre y se abrió una causa en la Justicia federal de San Isidro. Según consta en el expediente, el hecho tuvo lugar el martes.
Además de la partida de nacimiento adulterada, hay un certificado de un médico laboral que sostiene que la joven “presenta un cuadro de crisis de angustia y depresión. Solicito control y contención familiar".
La empresaria podría ser imputada por el delito de falsificación o adulteración de documento, que tiene una pena de tres y ocho años de prisión.
