El gobierno nacional anunció que el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) de la Nación será desfinanciado y el dinero del Impuesto País que era destinado a obras de urbanización en barrios populares de todo el país disminuirá del 9% al 0,3%. Ante esta situación, desde diferentes sectores criticaron duramente la medida, y más de cincuenta curas que realizan tareas en esos barrios vulnerables cruzaron a la gestión encabezada por Javier Milei por la decisión.
"Una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados. El preámbulo dice que dos de los objetivos de la Constitución Nacional son: afianzar la justicia (los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron oportunidades necesitan la intervención del Estado) y promover el bienestar general", sostuvieron en un comunicado desde el Espacio de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina y Hogar de Cristo.
Además, recordaron que "antiguamente, las villas no figuraban en los mapas" porque "aparecían como 'espacios verdes'. En un momento dado, la sociedad 'se desayunó' con la existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana".
"Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido. Gracias al relevamiento que nos permitió llegar al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta con más profundidad. En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares", expresaron desde el grupo de sacerdote y afirmaron que esas políticas "posibilitaron crecer en inclusión".
"Muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas. No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos. Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores", cuestionaron en el comunicado emitido este lunes.
"La intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto de la FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza. Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva", concluyeron.
