El último sábado, personal del municipio de San Isidro llevó adelante un procedimiento en el cual se decomisaron cientos de plantas de marihuana producidas por la ONG Superfly en una casa particular, con destino a uso medicinal. El procedimiento se llevó adelante con la orden del Juez de Faltas Andrés Rolón, y desde las ONG´s que se dedican al cultivo de marihuana para uso medicinal denuncian que todo el procedimiento fue ilegal. Denuncian intimidación y aprietes.
Juan Palomino, abogado de la Federación de Clubes Cannábicos de la Argentina (FECCA) , en diálogo con QUE PASA sostuvo que Superfly no es una empresa, como afirmó el municipio de San Isidro, sino que "es una asociación civil sin fines de lucro, una organización, no gubernamental vinculada a la salud, reconocida por el Ministerio de Salud y que tiene más de 150 pacientes vinculados en el registro del programa de cannabis (Reprocann), a los cuales está autorizada para cultivar cannabis en caso de que lo requieran con fines terapéuticos".
Para el abogado el accionar del municipio fue "intempestivo" y si bien admite que hubo un aviso previo por parte de las autoridades que le indicaron a Jorge Galloso, titular de Superfly, que no podía seguir produciendo cannabis en el lugar, asegura que ya se había buscado un lugar donde trasladar la producción y que el viernes, horas previas al primer intento de allanamiento, se presentaron antes el juez de faltas Andrés Rolón para comunicarle que en tres meses, cuando terminaran de acondicionar el lugar, mudarían las plantas. "El municipio y con tiempos que son irrisorios para resolver cualquier controversia, de hoy para mañana, clausura el local y los 150 pacientes y las plantas que tengo en un estado de floración que tampoco las puedo transportar así", explicó Palomino y contó que fueron a pedirle un prórroga al juez "pero esa misma tarde cayeron como cayeron, en principio decían un allanamiento y una vez que pudimos ver la orden no era una orden de allanamiento, era una orden de clausura y decomiso".
"Un juez de faltas, no es un juez que dependa de la justicia, sino que depende del municipio, podemos decir que es un empleado municipal más", dice Palomino que asegura que Rolón no tiene la potestad de ordenar un allanamiento. "Podemos estar de acuerdo o no, pero hay una ley nacional que habilita un cultivo, de alguna manera domiciliario y esto fue en un domicilio. Los domicilios están protegidos por la Constitución Nacional. La inviolabilidad es un principio constitucional que establece que nadie puede entrar al domicilio salvo la orden de un juez competente. Y un juez de faltas no lo es. Entonces ahí primera irregularidad", continuó el representante de la FECCA, quien contó que el procedimiento lo llevó adelante personal municipal porque la policía les dijo que no iban a intervenir sin orden de allanamiento pero "la Municipalidad no entendió estas razones ni quería esperar hasta el lunes".
Ante la negativa de Galloso de dejarlos acceder al domicilio en la tarde del viernes, el personal municipal volvió el sábado por la mañana. "Ya en otro tono, profiriendo amenazas, aprietes y manipulaciones al presidente de la ONG que ya estaba bastante desbordado por la situación", cuenta el abogado que denuncia que los amenazaron diciendo que "esto va a ser por las buenas o por las malas" y que las buenas era llevarse las plantas, sin romper todas las instalaciones de cultivo y las malas, era destruir equipamiento muy costoso.
Fue entonces cuando Galloso, según cuenta su abogado accedió a pesar de que su recomendación fue que no, a abrir las puertas y dejar pasar al personal municipal que decomisó cientos de plantas. El número de las mismas está también cuestionado, desde el municipio dicen que fueron mas de 1000 y desde la ONG dicen que fueron menos de 400. En el acta de decomiso a la accedió QUE PASA se consignan de forma desprolija menos de 200 plantas.
Las plantas fueron trasladadas en un camión del municipio al cementerio de Boulogne donde en su crematorio fueron quemadas. "En esa misma tarde quemaron toda la medicina de los pacientes de la ONG. Sin tener una orden de un juez competente, solamente porque se les ocurrió a ellos y sin ninguna cadena de custodia quemaron los elementos de prueba que hay en cualquier allanamiento", marcó el abogado como otra de las irregularidades del procedimiento.
"Acá en ningún momento se discutió la legalidad de esas plantas. Es inentendible la decisión de ir y quemarlas, nunca se discutió sobre eso, se discutió sobre si en la zona podía funcionar o no bien, lo cual es termina siendo bastante complicado", dice Palomino, que admite que hay una discusión real sobre si la actividad necesita o no habilitación municipal "pero decidieron hacer un allanamiento ilegal y ahora todo lo demás quedó opacado. Fue muy irregular desde el principio todo el proceso realizado por la Municipalidad. Se notó que no hubo nada de jurídico".
"Resulta inentendible que un juez o una persona que estudió derecho por lo menos pueda desconocer de tal manera el derecho constitucional, sin entender el debido proceso legal, objetivo, sin entender el principio de inviolabilidad del domicilio o sin importarle, no lo sé" insistió el abogado.
"Cuando se trata de salud se trata de que hay un derecho. Y que podamos discutir de manera legítima un montón de cosas, pero por las vías correctas. Un allanamiento irregular como se hizo, un apriete, una amenaza y todo lo que se desencadenó después, porque sé que hay gente del municipio también la pasó mal por el odio que surgió en las redes a partir de esto, entonces todo esto se podría haber evitado, realmente de eso somos testigos", concluyó Palomino
