La justicia dio lugar a la demanda presentada por la diputada Teresa Garcia.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 admitió la demanda presentada por la diputada Teresa Garcia, presidenta del PJ sanisidrense, en la que se exige al Municipio de San Isidro cumplir las leyes y ordenanzas vigentes que prohíben honrar a personas que han sido responsables en Golpes de Estado que interrumpieron el orden Constitucional y el sistema democrático (VER NOTA).
De esta manera, el Dr. Luciano Enrici a cargo del juzgado, emplazó a los demandados, la Municipalidad de San Isidro y su intendente Gustavo Posse, a presentarse y contestar demanda en el plazo de cuarenta y cinco días.
Consultado por Que Pasa, el abogado del PJ de San Isidro, Cesar San Juan afirmó que "Esto abre una gran expectativa sobre lo que vaya a decir el Intendente Posse, que a lo largo de años se ha esmerado para resistir el cambio de nombre de estas calles pero sin articular jamás palabra alguna que permitiera a la sociedad saber qué razón o fundamento justificaba el mantenimiento de estos homenajes públicos que denigran a la democracia y la desafían públicamente".
"El silencio como toda respuesta a esta delicada cuestión institucional confirma el enrolamiento del intendente en esa tradición de la derecha contemporánea que es la "no política", que sólo entrega imágenes o consignas prehechas, que no debate, que no tiene necesidad de la palabra ni del argumento, que no tracciona a la acción con las ideas, que carece de una noción del bien común que sólo puede surgir de un pensamiento sistémico" concluyó San Juan.
La diputada Garcia declaró que “Es incomprensible e inaceptable que a más de 30 años de recuperada la democracia y a más de 20 años de producida la reforma sigamos teniendo en San Isidro calles que honren la memoria de dictadores. En estos años han sido numerosos los proyectos presentados en el Concejo Deliberante por vecinos, agrupaciones que juntaron firmas, representantes de distintas fuerzas políticas y Concejales del Justicialismo en particular, con el fin de cambiar esos nombres de calles. Estos proyectos, sin embargo, fueron sistemáticamente cajoneados mostrando desde la gestión de Posse una voluntad expresa de mantener una situación que daña a la democracia en su dimensión de valor colectivo”
