La diputada Teresa Garcia demandó al intenedente de San Isidro por la permanencia, después de 30 año de democracia, de homenajes a los Aramburu y Lonardi. También se exige el señalamiento del centro de detención clandestino, Casa SIN.
La Diputada Nacional Teresa Garcia, presentó una demanda para que se condene a la Municipalidad de San Isidro a retirar los nombres de las calles Aramburu y Lonardi que están situadas, respectivamente, en las localidades de Martínez y Beccar del Partido de San Isidro. La demanda quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 a cargo del Dr. Luciano Enrici y solicita que la Municipalidad de San Isidro deba adoptar medidas que "tienen como fin hacer cesar y recomponer el daño que se inflige a un valor colectivo de rango eminente para nuestra sociedad como es la democracia, al que se agravia, desprestigia y desafía públicamente mediante la manifestación de reconocimiento y honras públicas que el Estado Municipal de San Isidro dispensa a dos personas asociadas en la historia reciente al quebrantamiento de la institucionalidad democrática (Aramburu y Lonardi), a quienes distingue designando con sus nombres a sendas calles del Partido".
Para recomponer el daño causado, la demanda busca que se ordene al Ejecutivo y al Legislativo Municipal a tomar las medidas necesarias para reemplazar los nombres de estas calles en el plazo de 90 días, dar amplia difusión al fallo que lo ordene en medios y en instituciones educativas del Partido, realizar actos públicos al momento de poner en marcha el reemplazo de las placas y cumplir con la ley nacional y con la ordenanza que establecen la señalización del centro clandestino de detención "Casa SIN" (Thames y Panamerica) que la Municipalidad de San Isidro viene postergando desde su sanción en el 2012. La demanda pide que la responsabilidad se haga extensiva al intendente Gustavo Posse, solicitando que se lo inste a realizar una expresión pública que se refiera a los hechos del caso y sean laudatorias de la vida democrática a fin de que contribuya a la reparación del daño ocasionado.
Al respecto, Teresa Garcia, quien preside el Partido Justicialista local expresó: “Es incomprensible e inaceptable que a más de 30 años de recuperada la democracia y a más de 20 años de producida la reforma constitucional que, entre otras cosas, consagró el art. 36 que incorpora la “cláusula de garantía de defensa del orden institucional y el sistema democrático” sigamos teniendo en San Isidro calles que honren la memoria de dictadores. En estos años han sido numerosos los proyectos presentados en el Concejo Deliberante por vecinos, agrupaciones que juntaron firmas, representantes de distintas fuerzas políticas y Concejales del Justicialismo en particular, con el fin de cambiar esos nombres de calles. Estos proyectos, sin embargo, fueron sistemáticamente cajoneados mostrando desde la gestión de Posse una voluntad expresa de mantener una situación que daña a la democracia en su dimensión de valor colectivo”.El abogado Cesar San Juan que patrocina la demanda, explicó que “la constitución ordena preservar el patrimonio cultural y exige promover los valores de la sociedad democrática. Las leyes de educación y la Convención sobre los Derechos del Niño (con jerarquía constitucional) van en el mismo sentido indicando que se debe preparar al niño/a para una vida responsable en una sociedad libre. La imposición de promover los valores democráticos implica la prohibición de menoscabarlos o degradarlos de cualquier manera. De ahí que la permanencia de esta situación, atento al tiempo transcurrido, nos coloca como comuna en abierto y franco desafío al orden fijado en la Constitución, en los tratados de derechos humanos y en las leyes de la República".
