| SAN ISIDRO | La diputada Teresa Garcia y la concejal Jacqueline Girassolli presentaron hoy una denuncia Penal por los delitos de administración infiel en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esta mañana, ante la Fiscalía General de San Isidro, la diputada nacional Teresa Garcia y la concejal Jacqueline Girassolli presentaron una denuncia penal contra el Intendente de San Isidro Gustavo Posse, por los delitos de administración infiel en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, relacionados al contrato de estacionamiento medido en San Isidro (SISTE).
La denuncia contra el intendente de San Isidro y/o cualquier otro funcionario que de la investigación surgiera responsable se funda en las sucesivas extensiones que el contrato de parquímetros ha tenido en los últimos años, sin ninguna contraprestación hacia el municipio y en reconocimiento de una deuda ilegítima.
En 1992, el Municipio de San Isidro concesionó el estacionamiento medido en San Isidro a la empresa Chediak S.A. por 15 años, a cambio de obras tasadas originalmente en unos 10 millones de dólares. Cumplido ese período se ha extendido el contrato sucesivamente, llegando a unos 9 años más, sin que el municipio reciba un sólo centavo por todo ese tiempo de concesión.
Estas extensiones fueron justificadas desde el oficialismo local en el reconocimiento de una deuda por el incumplimiento de una cláusula de reajuste de las tarifas; pero esta clausula indexatoria se encuentra prohibida taxativamente desde la Ley de Convertibilidad y no genera derecho alguno, según informó el abogado del Partido Justicialista de San Isidro, Francisco Blaksley.
“Los sanisidrenses estamos perdiendo ingresos millonarios con los que podrían hacerse muchas obras necesarias. Hay un mecanismo tramposo para extender el contrato sin licitación pública y sin que traiga ningún beneficio a los vecinos. La administración possista, que maneja un presupuesto millonario para una población que en su mayoría no demanda servicios al Estado, ha puesto lo público al servicio de los negocios privados, con la tierra, los negocios inmobiliarios y también con los parquímetros” afirmó la diputada Teresa Garcia, presidenta del PJ de San Isidro y denunciante en esta causa.
Por su parte, la concejal Yacqueline Girassolli, que conformó la comisión evaluadora del contrato de SISTE afirmó que “desde el bloque del FPV venimos denunciando estas irregularidades en el Concejo Deliberante. Pero el possismo tiene mayoría automática y no acepta ningún planteo. Por esto nos presentamos a la justicia a denunciar este negocio en perjuicio de los vecinos de San Isidro”.
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