Trabajadores de la cooperativa Brassroot están pasando desde hace algunos días una situación delicada, luego que de la justicia ordenara el desalojo de la fábrica ubicada en la localidad de Munro, en Vicente López, de donde se sustentan 12 familias. Ahora, esperan una resolución de la Corte Suprema de Justicia en su favor, o la posibilidad de que la legislatura bonaerense pueda extender el plazo de una expropiación que está vigente y culmina en octubre próximo.
Brassroot es una empresa que se dedica a la fabricación de herrajes de bronce y que fue recuperada por sus trabajadores en el año 2013, luego que la firma Fontaine SRL decidiera cerrar las puertas de la fábrica sobre la calle Díaz Vélez al 4800. “Fuimos a trabajar como cualquier día, y nos encontramos con que estaba cerrada. Pudimos ingresar a la planta y había un vaciamiento de maquinaria y de materia prima. A partir de ese momento, fue todo incertidumbre”, contó Ariel Juárez, integrante de la cooperativa, en diálogo con QUE PASA.
Desde esa situación, la planta estuvo seis meses parada, hasta que surgió la idea de conformar la cooperativa. Con el tiempo, ya en 2015, pudieron sacar una ley de expropiación provincial, que fue aprobada por la legislatura bonaerense, y denomina a la empresa como “de utilidad pública”. Esto permite que la cooperativa pueda seguir funcionando por cinco años, con la posibilidad de que ese plazo sea renovada, en caso que las cámaras de Diputados y de Senadores bonaerenses así lo dispongan.
El pasado 26 de agosto, un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia judicial de 2018 que ordena el desalojo y pone en jaque la continuidad de Brassroot, pese a que hasta el mes de octubre la cooperativa cuenta con la vigencia de la ley provincial.
“Estamos a la espera de la contestación de un recurso extraordinario que fue presentado ante la Corte Suprema de la Provincia, para saber si podemos continuar o no. Estamos muy preocupados”, expresó Juárez, en relación a las situación de los 12 empleados con los que cuenta la empresa, que también genera trabajo en proveedores y empresas que dependen de su producción.
“La situación nos angustia bastante, más por el contexto que vive el país. Que se permita una sentencia de desalojo en esta crisis tremenda. Da impotencia y bronca por todos lados”, manifestó y explicó que Fontaine SRL, la empresa que cerró en 2013, “no pagó indemnizaciones y hay juicios laborales y denuncias penales” pendientes.
Además, también destacó la inversión hecha por los propios trabajadores en el lugar. “Compramos máquinas para poder trabajar, pusimos la luz, el gas, un esfuerzo realmente enorme. Por eso pedimos que nos dejen seguir trabajando", relató Juárez y dijo que tienen planeado en los próximos meses comenzar con exportaciones a Brasil.
"Nosotros levantamos un establecimiento y necesitamos la fuente de trabajo", sostuvo y cerró: "Es un problema de fondo, vemos muchísimos desalojos. Necesitamos en este caso una ley urgente que frente este desalojo, pero después hay medidas que se deben tomar para que las empresas no cierren y se lleven sus cosas como si nada, sin respetar los derechos de los trabajadores".
