El titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta, aseguró que "había funcionarios de los dos lados del mostrador" durante la gestión de Cambiemos en relación a los peajes, tema que es investigado en la denominada "causa peajes" en la que el organismo nacional fue aceptado como querellante.
“Se prorrogó la concesión de los accesos Norte y Oeste por diez años, se les condonaron multas y penalidades y se les reconoció una deuda de 449 millones de dólares”, dijo Arrieta en diálogo con Radio Nacional respecto a la causa iniciada en 2019, en la que se investiga la renegociación de la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste.
En esa causa, en la que también fue aceptada el viernes último como querellante la Unidad de Información Financiera, están imputados los exministros de Transporte Guillermo Dietrich; de Hacienda Nicolás Dujovne, y de Energía Javier Iguacel; y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
Los ex funcionarios se encontraban procesados, aunque luego la Cámara Federal porteña anuló esa situación y les dictó la falta de mérito.
“Extendieron una concesión por diez años y se hizo por decreto, lo que resulta claramente ilegal. En todo el proceso hay muchas sospechas de que hubo funcionarios de los dos lados del mostrador”, aseguró el titular de Vialidad Nacional y consideró que “el conflicto de intereses fue una constante durante todo el macrismo, no solamente en la obra pública”.
Al analizar el estado de situación recibido al asumir el Gobierno, Arrieta precisó que “el volumen de deuda con los contratistas llegaba a los 21.000 millones de pesos, mientras la obra pública estaba en un estado de parálisis importante”.
La empresa involucrada, Ausol, se presentó en el expediente y argumentó que el acuerdo de deuda al que llegó con el Gobierno de Cambiemos corresponde a una deuda anterior a 2015, y que a raíz de este acuerdo, desistió de la demanda que había establecido ante el CIADI, el tribunal internacional que interviene en diferendos comerciales entre inversionistas y Estados.
La compañía esgrime que la extensión del peaje por 10 años les permitirá cobrar la deuda que les fue reconocida.
