El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá veredicto el próximo martes, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso prevén dar a conocer la sentencia el próximo martes por la tarde en la llamada "causa Vialidad", bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus.
Es decir, ellos estarán junto al secretario del TOF2 Tomás Cisneros en una de las salas de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 y se conectarán a la plataforma Zoom al igual que el resto de las partes que participan del juicio de manera remota.
Para el veredicto tendrán que estar conectados a la audiencia todos los acusados. El martes a las 9.30 se fijaron las últimas palabras del imputado exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y luego se anunciará el horario de la sentencia.
Un día antes, el lunes 5 a la misma hora se programó una anteúltima audiencia para las palabras finales de otros dos exfuncionarios del área vial Raúl Pavesi y José Santibañez y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
La Vicepresidenta y el empresario y dueño de la firma "Austral Construcciones" Lázaro Báez enfrentan un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Los fiscales reclamaron también la "inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos".
Es la pena más alta pedida por los acusadores mientras que la defensa de la exmandataria reclamó la absolución y denunció que la fiscalía cometió "prevaricato", al acusar por hechos "inexistentes". e incurrir en "falsedades".
El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.
En la última audiencia de esta semana, la Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un "pelotón de fusilamiento" que tiene sentencia "escrita" por hechos "inexistentes", como parte de una "actividad disciplinadora" para "estigmatizar a un espacio político".
"Cuando hablé de 'lawfare' fui muy generosa, si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento", advirtió desde su despacho en la Cámara Alta.
La Vicepresidenta fue víctima de un intento de magnicidio el 1 de septiembre último, días después de conocerse el pedido de pena fiscal en su contra a 12 años de prisión y en medio de manifestaciones en apoyo a su persona en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. El ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a metros de su cabeza pero la bala no salió. Cuatro días más tarde, el juicio se reanudó con los alegatos de las defensas.
"No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino", sostuvo por su parte el abogado Carlos Beraldi, defensor de la Vicepresidenta, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado.
A su vez en esa ocasión, la Vicepresidenta también se dirigió al Tribunal como abogada en uso de su propio derecho a defensa y se preguntó:
"¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado".
"Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos", cuestionó.
En agosto pasado, su defensa recusó al fiscal Luciani y al juez Giménez Uriburu por haber integrado un equipo de fútbol que disputó partidos en la quinta Los Abrojos de Macri, pero los planteos no prosperaron.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.
Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.
La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico".
Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas "maniobras" para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.
Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra.
En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.
Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.
Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.
En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.
Por Karina Poritzker para Télam
