"Es increíble que con una mera resolución ministerial pretendan avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo, con el único objetivo de blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería", denunció la diputada y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
"El protocolo publicado parte de considerar que toda protesta constituye flagrante delito y deja en manos de las fuerzas de seguridad -juzgando en forma sumaria- definir qué protestas permiten y cuáles no, pulverizando el principio de inocencia y violandonumerosos fallos judiciales que han reconocido que el derecho a la protesta está por sobre eventuales problemas de tránsito", aseguró Bregman. "El protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía y el cual proponemos derogar mediante un proyecto de ley que estamos presentando", adelantó la diputada del bloque del PTS en el Frente de Izquierda.
Por su parte, el referente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño manifestó que "esto mismo lo intentó hacer Cristina Fernández hace dos años con su proyecto ’antipiquetes’, pero no pudo imponerlo por la propia resistencia de los trabajadores, como los de Lear. En aquella lucha obrera la Gendarmería nos reprimió y nos baleó numerosas veces, pero la propia Justicia debió obligarla a que se abstenga de reprimirnos en la Panamericana y que permita el derecho a manifestarnos contra los despidos. Ahora Macri y Bullrich vuelven a la carga, pero sepan que no vamos a permitir que avasallen derechos elementales del pueblo trabajador".
Bregman y Del Caño presentaron en el Congreso un proyecto de resolución donde se plantea "rechazar y repudiar enérgicamente la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se publica un ’Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas’, el que constituye lisa y llanamente un cercenamiento y regimentación del derecho a la protesta, un avance de las atribuciones a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social y hasta juzgar en forma sumaria a las personas por sobre cualquier decisión judicial, por lo tanto una mayor criminalización de la protesta, en abierta oposición a derechos y garantías constitucionales y a tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional".
